Es de dominio público que la costa mediterránea española se ha convertido desde hace años en el hábitat de un número indeterminado de grupos mafiosos europeos, sobre todo de países del Este. Si al principio se trataba de un fenómeno localizado en la Costa del Sol, la eclosión hasta el exceso de otros enclaves turísticos ha diseminado la presencia de estas organizaciones. Así, no resulta sorprendente la operación que el viernes inició la Guardia Civil en Lloret de Mar, saldada de momento con la detención de cuatro personas. Y si ya resulta inquietante que en la Costa Brava haya encontrado acomodo y refugio este tipo de delincuencia, la preocupación aumenta con los serios indicios de que personas del Ayuntamiento de Lloret han sido corrompidas por la trama. En un mundo abierto y con libre circulación de capitales no resulta fácil luchar contra las poderosas tramas mafiosas, pero sería suicida dar por inevitable e irreversible su presencia, y aún más que logren corromper a personas con responsabilidades públicas. Es eso lo que está en juego.
