La puesta en marcha de la ley que regula los juicios rápidos ha provocado el descontento de los abogados que, acogidos a los turnos de oficio, ven cómo la asignación presupuestaria de la Administración central se manifiesta totalmente insuficiente. La situación en las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en materia de justicia han logrado sortear este problema con la dotación extra de sus gobiernos regionales, que amparan a sus letrados con una retribución añadida. Esto compensa cualquier pérdida del poder adquisitivo de los abogados. Sin embargo, los juicios rápidos han dejado en clara desventaja a los profesionales del Derecho que ejercen su labor en aquellas comunidades que aún no cuentan con las transferencias, como es el caso de Extremadura. Un abogado de oficio extremeño gana sesenta euros por cada caso y los juicios rápidos le obligan a dispensar toda su actuación en la defensa de sus clientes, lo que da una idea de lo ajustado de sus ganancias y se explica el repentino interés de algunos, como es el caso de los abogados de Navalmoral, por abandonar el turno de oficio. Sin embargo, cualquier protesta no debe repercutir en el ciudadano y menos cuando se habla de un derecho fundamental como es poder contar con una defensa justa.
