De manera lenta pero inexorable, la inflación en España va disparándose. En octubre ya superó el 1% y la tasa interanual alcanza el 0,7%. El debate sobre las bondades y las maldades de la deflación y de la inflación sigue siendo vivo entre los economistas. En todo caso, lo que sí hay que constatar es que en las actuales circunstancias es una noticia como mínimo preocupante. Los gobiernos de Rajoy confiaron la salida de la crisis a la llamada devaluación interna. Se promovió una reforma laboral con el único objetivo de que los trabajadores no tuvieran manera de oponerse a una reducción salarial para intentar recuperar la competitividad de la economía española. Esta medida ha impulsado una recuperación del PIB y ha estabilizado las cuentas públicas pero ha sido a costa de una mayor desigualdad. Una realidad que ha sido menos insufrible por la contención de los precios que ha acompasado la reducción de los salarios. Si la inflación se vuelve a disparar, esa situación va a ser imposible de sostener. Otra pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sumado al paro y a la precariedad supondrá un desaceleración del consumo que acabará con frenar en seco el crecimiento. A pesar de su fragilidad parlamentaria, Rajoy ha anunciado que no va a alterar su política económica. Parece dispuesto a hacerlo pues ha mantenido el mismo equipo -Guindos, Montoro, Báñez- pero la oposición tiene ahora mecanismos para impedirlo. Sería urgente que lo hiciera rápido.
