XPxor su severidad, por su dureza desmedida y, lo que es peor, por su dudosa viabilidad, es muy probable que la Ley Antitabaco, aprobada esta semana con amplio consenso parlamentario y que entra en vigor dentro de un par de semanas, corra la misma suerte que la mayoría de las Leyes en España, esto es, que se incumpla absolutamente.
Pero el inicio de este próximo viaje de la nueva Ley, que se presagia tan accidentado, puede tener un costo que no sé yo si se compensará con los beneficios que con ella se obtengan, y no me refiero al coste económico, pues prohibir fumar en todas partes le sale gratis al Gobierno, sino al coste social, pues donde hasta el uno de enero había malos humos habrá, si no impera la flexibilidad y la cordura entre los ciudadanos, humos peores.
Uno de cada tres españoles fuma, y tan incorporado lleva cada uno de los fumadores el hábito en su vida, que su persecución ha de afectarle profundamente, y lo que no saben los hacedores de esa ley es si le afectara positiva o negativamente, si abandonará la práctica insalubre aunque deliciosa de aspirar humo de tabaco o si, por el contrario, la prohibición intensificará sus ganas de perseverar en ella.
Grupos de amigos, o de familias con menores o de ciudadanos en almuerzos de trabajo, habrán de separarse en los bares y restaurantes, o bien habrán de sufrir el malestar de los que fuman o de los que no fuman, según sean las características del establecimiento. Todo eso, más el sentimiento desolador de los fumadores de hallarse perseguidos, vigilados, castigados en suma, agriará aún más, con toda seguridad, la ya mala leche que en la convivencia nos gastamos, y ese es un coste que, estando las cosas de la crispación como están, no sé yo si podremos permitirnos.
En realidad, pues el Gobierno ignora las consecuencias de su decreto por muy previsibles que estas sean, se trata de un experimento, pero hacer experimentos con españoles no es lo mismo que hacerlos con gaseosa.
*Periodista
