España es un país muy dado al éxtasis y la tragedia, ahí están las extraordinarias obras de San Juan de la Cruz o Federico García Lorca. Parafraseando a Freud, tendemos a elegir tótems que lo expliquen todo o tabús que nos permitan no pensar. Cervantes tomó de la historia de Carlomagno la expresión «bálsamo de Fierabrás», para definir una poción mágica que todo lo cura. El maestro alcalaíno hizo así muy española la manera de referirnos a una idea mítica que solucionará todos nuestros problemas y nos permitirá la comodidad de no tener que solucionarlos de verdad.

Durante la desescalada escribí aquí mismo sobre la mitificación de la mascarilla, que parecía que todo lo podría contra el coronavirus. Si la mascarilla es el tótem sanitario, el tótem económico es el maná que llegará de Europa. La única verdad es que el dinero europeo será tan útil para solucionar los problemas de España como la mascarilla lo ha sido para evitar una segunda ola de contagios.

Me atrevo a decir más: depende de su gestión, esos fondos pueden ser un problema más que una solución.

En primer lugar, porque será fundamental si ese dinero sirve para robustecer un Estado central sumido en alarmante fragilidad, o para engordar un estado autonómico que se ha demostrado ineficaz durante la pandemia. Parece que se quiere mantener el languidecimiento del Estado hacia su decadencia insostenible y el refuerzo de un sistema territorial que raya en lo confederal, y que ha convertido España en un reino de taifas por la vía de los hechos consumados. Es decir, que los fondos europeos pueden ahondar el problema territorial existente (no olvidemos que el conflicto catalán sigue ahí y que Euskadi es casi un Estado independiente de facto).

En segundo lugar, muy relacionado con lo anterior, el dinero proveniente de Europa puede agigantar aún más las redes clientelares que provocan el hedor irrespirable del sistema político. Todas las tramas de corrupción ya conocidas (se cuentan por centenares), todas las que conoceremos y también aquellas de las que nunca sabremos, tienen que ver con la sobreabundancia de dinero público. Dado que en España nunca hemos podido presumir de tener, por nosotros mismos, las cuentas saneadas, hay que concluir que el dinero proveniente de Europa es una de las causas últimas que ayudaron a crear, desarrollar, sostener e incrementar las redes clientelares que mantienen la corrupción política, tanto la de alto nivel como la de andar por casa (mayor y más oculta). Así pues, los deseados fondos europeos también podrían ser perjudiciales para atajar este problema endémico de la joven democracia española.

En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, el reparto de ese dinero es probable que tienda a consolidar y aumentar las desigualdades. Con los datos en la mano, el sistema autonómico no ha servido para que las regiones convergieran: las que eran ricas a comienzos de la Transición lo siguen siendo, y las que eran pobres continúan pobres. Las redes corruptas, no hace falta decirlo, no se reparten el dinero con la vista puesta en la igualdad ni de territorios ni de ciudadanos. Así pues, unos fondos mal gestionados pueden también contribuir a alejarnos de la solidaridad y la igualdad.

El elemento político fundamental que subyace, es que estos tres vectores de riesgo (aumento de la desigualdad, incremento de la corrupción y decadencia del Estado) son ideales para la España conservadora y letales para la España progresista. Finalmente, no debería ser necesario subrayar que los préstamos europeos endeudarán a las dos generaciones posteriores.

Cualquiera que piense en el fortalecimiento de nuestra democracia, en el bien común de la ciudadanía y en el progreso social con un horizonte de transformación, tiene que apostar por una gestión impecable del «bálsamo de Fierabrás» con marca de Bruselas. Y eso supone: implicación de la sociedad civil en su fiscalización, amplio consenso político en su reparto, refuerzo del Estado central y adelgazamiento autonómico, priorización del equilibrio de economías familiares y no de cuentas de resultados empresariales, evaluación de su gestión vinculada a la igualdad efectiva de las personas, y un conjunto de reformas estructurales que lleven al país a necesitarlos el menor tiempo posible.

* Licenciado en Ciencias de la Información