El mundo de Batasuna llama de nuevo a la puerta del Gobierno poniendo a prueba al Estado de derecho. Con otra marca (Lokarri ), la enésima en los últimos quince años, el lobo se vuelve a cubrir con piel de cordero porque necesita dinero y empleo para algunos cientos de personas que llevan toda su vida viviendo de la política. Su objetivo son los ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Todos sabemos que existe una sentencia firme del Tribunal Supremo que declara probado que Batasuna es un escolio de la banda terrorista ETA, circunstancia que --obvio es decirlo--, apareja la consecuente inhabilitación política. Ese impedimento es el que lleva a ese mundo a probar fortuna en un juego de franquicias y nuevas marcas políticas cuya última razón es burlar la mencionada sentencia. Y, ahí estamos. A la espera de que los tribunales se pronuncien sobre las nuevas siglas y las listas que amparan.
Todo este asunto no pasaría de ser letra pequeña de crónica si no fuera por el halo de sospecha que envuelve toda la maniobra. El Gobierno desmiente cualquier iniciativa encaminada a facilitar la participación del mundo abertzale radical en las elecciones municipales de mayo, aunque determinadas declaraciones (Rodolfo Ares y su teoría de los deberes hechos) dan pábulo a creer lo contrario. Algunas voces desde el PP (Mayor Oreja ) insisten en que el Gobierno (Zapatero ) mantiene negociaciones encaminadas a propiciar esa presencia. La posición del PNV (Urkullu ) abiertamente favorable a la presencia en la vida pública de un colectivo que hasta ahora nunca ha condenado explícitamente los crímenes de ETA, complica las cosas y contribuye, como digo, a enrarecer el ambiente.
Rubén Múgica , hijo del dirigente socialista Fernando Múgica , asesinado hace 15 años por pistoleros de la banda terrorista, decía anteayer que permitir que la nueva marca del complejo abertzale se presente a las elecciones, haciendo como que nos creemos que condenan la violencia, sería tanto como pensar que Josep Goebbels , el ministro de Propaganda del régimen nazi, era partidario de la libertad de expresión. Pues eso. En fin, los jueces tienen la palabra. Confiemos en que los políticos les dejen hacer su trabajo y que nunca más volvamos a oír a un magistrado desbarrar hablando sobre las togas y el polvo del camino. Sería una mala señal acerca de la salud democrática de España.
