Con el calendario desbordado por el tiempo, nos acercamos a los instantes finales de un proceso de difícil solución. Porque la financiación autonómica refleja con toda su crudeza la situación por la que atraviesa un país donde priman más los intereses particulares que los generales, la política partidista que la vertebración del Estado, donde junto a los inconvenientes de un sistema centralizado hay que soportar las servidumbres sobrevenidas de otro descentralizado.
Porque un país no debiera ser nunca una yuxtaposición de territorios. Una tierra gobernada por la sinrazón del egoísmo, sin el arropo de unos vínculos y sin la cohesión interna de un proyecto, una estructura territorial que fluctúe dentro de un marco de desafecto, en una atmósfera de desconfianza, como una comunidad de resignados cuya única aspiración es la de encontrar el modo de desgajarse del tronco común. El actual modelo autonómico, además de proporcionar cohesión, ha servido para equilibrar el territorio, para erradicar el mapa de las desigualdades, para garantizar la redistribución tal y como la contemplan los artículos 31 y 138 de nuestra Constitución, para diseñar un modelo integrador que respete la pluralidad, evitando que el país perezca víctima de su propia voracidad. Este modelo, tan cuestionado por algunos, ha sido la piedra angular sobre la que se ha construido una sociedad igualitaria, impidiendo que se consolide un trato de favor derivado de esa bilateralidad prefabricada sobre la que pretenden erigir el santuario de un marco diferencial, lo que representa una vuelta más de tuerca hacia el objetivo final de la autofinanciación.
XESTA FALTAx de sintonía, el engreimiento con el que algunos defienden sus reivindicaciones, recuerda a un diálogo de sordos, el inicio de una negociación dominada por la rigidez, llena de posturas inmovilistas, de coartadas y de señuelos, que evidencia una total despreocupación hacia el deterioro por el que atraviesa la economía, el descarrilamiento del paro, la sequedad de las correntías crediticias, o esas arenas movedizas en las que tan a menudo suele enfangarse últimamente el sistema financiero.
El nuevo modelo de financiación no puede dejar arrinconados los criterios de equidad y de solidaridad a cambio de satisfacer plenamente las reivindicaciones de unos cuantos, ni dejarse condicionar por ningún tipo de presión periférica, ni de cuestionamiento electoralista, o por la necesidad de granjearse afinidades, o como pago por los servicios prestados, o como una forma de hacer concesiones a cambio de futuros apoyos. Si no liberamos el proyecto de todas estas ataduras, resultará difícil poder llegar a un acuerdo justo y perdurable en el tiempo.
Tanto la política fiscal como la forma de administrar y de redistribuir los recursos, son el mejor termómetro para descubrir los derroteros ideológicos por los que transita el partido en el poder. El nuevo modelo de financiación va a servir para medir el grado de coherencia del Gobierno y su actitud superadora de matices sesgados o parciales. Porque más que una batalla por ampliar el campo competencial o por incrementar los fondos, se trata de buscar fórmulas alternativas que favorezcan la operatividad, que rentabilicen los recursos y abaraten los procesos administrativos, propiciando el principio de transversalidad, de forma que el autogobierno sea cada vez más cercano, efectivo y adaptado a las singularidades de cada lugar, pero sin la necesidad de crear taifas dominadas por un deseo segregacionista, como si de naciones paralelas se tratara.
Es difícil poder llegar a un clima de consenso cuando se parte de expectativas tan radicalmente heterogéneas. Para conseguir una fórmula homogeneizadora que satisfaga a todos, Cataluña deberá rebajar previamente su nivel de exigencia y no esperar a que todas sus reivindicaciones se vean satisfechas. Entre otros motivos porque José Montilla no está legitimado para ser la persona que determine la prestación de los servicios básicos que el Estado debe garantizar a las diferentes comunidades, ya que además de la educación, la sanidad y los servicios sociales, existen otras necesidades que deberán quedar también cubiertas bajo el paraguas presupuestario.
Porque si las balanzas fiscales son la excusa de la que se sirve Cataluña para cargarse de razones a la hora de reivindicar, y éstas presentan para ellos un saldo deficitario de 11.143 millones de euros, paralelamente Cataluña tiene contraído con el resto de España un superávit respecto a las balanzas comerciales de 24.000 millones. Por tanto la paridad no puede establecerse bajo una apariencia sesgada, interesada o parcial, omitiendo los aspectos que no convienen y utilizando el agravio como herramienta dialéctica.
Después de tantas palabras vertidas sobre el tema, diremos que la financiación es a las autonomías lo que el agua a las plantas, un elemento vital e insustituible. Sin una financiación adecuada el proceso autonómico sufrirá una involución, Extremadura volverá a vivir otra etapa azarosa de su historia, viendo como se aleja el tren de la convergencia con otras comunidades, mientras se consolida la realidad asimétrica de una España a dos velocidades. Por eso, ha llegado el momento de tener sangre fría, de poner toda la carne en el asador, de saber jugar nuestras mejores bazas, y no quedarnos a esperar pacientemente a que el viento nos sea favorable.
