WLwa detención en Francia de siete presuntos miembros del aparato de extorsión de ETA, entre ellos Julen Madariaga, fundador de la organización, y de otros cinco en España pone de manifiesto que el proceso de normalización política en Euskadi no interfiere en la independencia de los jueces y el funcionamiento ordinario del Estado de derecho. Se trata de la confirmación de una doble garantía imprescindible para que el presidente del Gobierno comunique al Congreso, sin sombra de sospecha, el inicio de contactos con ETA para acabar con la violencia.

Dicho esto, es imposible desvincular los arrestos del último comunicado etarra, que emplazaba a Francia a comprometerse en las negociaciones, y de la sospecha de que algunos empresarios recibieron cartas en las que se les reclamaba el llamado impuesto revolucionario después de la entrada en vigor del alto el fuego. Ni el Gobierno vasco ni la izquierda aberzale deben rasgarse las vestiduras por las detenciones: la legitimidad de todo el proceso descansa en la aplicación de la ley a quienes la violan. Hacer lo contrario sería suministrar argumentos a los muchos enemigos, entre ellos el núcleo duro del PP, de que la paz vaya acompañada de una interpretación flexible del código penal.