Finalmente, Mariano Rajoy no ha podido sustraerse a la tentación populista de intentar ganar votos con una apelación a la necesidad de endurecer la política penitenciaria, y ha anunciado que su partido quiere que se aproveche la reforma del Código Penal, que en febrero empezará a tramitarse en el Congreso, para introducir la cadena perpetua "revisable" en España.

El jefe de la oposición secunda con esta propuesta al líder de su partido en Andalucía, Javier Arenas, que abogó por la cadena perpetua "al amparo del dolor y las desgracias humanas", como acertadamente ha definido la portavoz del Consejo General del Poder Judicial el hecho de que el aspirante a desbancar a José Antonio Griñán de la Presidencia de la Junta hiciera su proclama con ocasión del aniversario de la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo.

La pretensión del PP adolece de varios defectos graves, unos de naturaliza jurídica y otros política. No es el menor de esos defectos el de que la iniciativa choca frontalmente con la Constitución, texto de referencia al que tanto apelan los conservadores cuando les es de su conveniencia. Así, el artículo 25 de la Carta Magna establece que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social", lo que se compadece mal con la cadena perpetua. Pero, además, la reclusión de por vida no es más efectiva, como castigo a los delincuentes con crímenes especialmente execrables, que el cumplimiento íntegro de las penas y la doctrina Parot, que prohíbe la acumulación de los beneficios penitenciarios. Y hay que recordar que la combinación de ambas fórmulas jurídicas empezó a aplicarse bajo el mandato de José María Aznar.

El mismo efecto contrario y la misma incoherencia tiñen el carácter de ´revisable´ que el PP quiere que tenga la cadena perpetua: y es que en la práctica incluso podría hacer que quien cumple condena por grandes delitos saliera de la cárcel antes que ahora. Esta es precisamente la situación que se da en varios países europeos que sí tienen regulada la reclusión de por vida, lo que hace que, en términos reales, España tenga un sistema penal más severo que otros países de su entorno.

Todo eso, sin embargo, no parece preocupar mucho al Partido Popular, que con su propuesta de dureza de brocha gorda quiere concitar adhesiones por la vía fácil y demagógica de tocar la fibra sensible de la buena gente. No es la primera vez que lo hace esta formación política, ni con toda seguridad será la última, pero ciertamente no es lo que cabe esperar de un partido responsable y coherente que desea volver a gobernar, y que tarde o temprano lo hará.