Tras muchas noticias de malos augurios sobre el futuro de la educación española, por fin una positiva. La convocatoria de becas universitarias y de formación profesional para el curso 2011-2012 da un gran salto adelante con un aumento del 5,8% de la dotación: 1.324 millones de euros para sufragar la matrícula de aquellos estudiantes que acrediten no superar el umbral requerido de renta y patrimonio familiar. El Gobierno central calcula que la medida afectará aproximadamente a 1,7 millones de estudiantes, con lo que se avanza de forma espectacular en la concepción de los estudios superiores como un derecho al que debe tener acceso el ciudadano más allá de su nivel de riqueza.

La convocatoria introduce además un modesto, pero significativo, aliciente --el complemento de rendimiento-- para quienes demuestren superar el mínimo exigible en las asignaturas matriculadas, al mismo tiempo que evita que los repetidores (en el tercer año) puedan beneficiarse de las ayudas públicas, algo que va a favor de la promoción de la excelencia con criterios más racionales.

Si añadimos la mejora del rendimiento educativo en general en las instancias de primaria y secundaria, y el descenso en la tasa de abandono escolar, el conjunto ofrece un panorama alentador y optimista para el mundo educativo, siempre falto de noticias que reafirmen su importancia social.