Ayer fue el primer día en el que la velocidad máxima en autopistas y autovías fue de 110 kilómetros/hora, una medida adoptada por el Gobierno para reducir la factura energética. A tenor de lo que este periódico ha podido comprobar, recorriendo dos tramos de las dos autovías nacionales a su paso por la región, la mayoría de los conductores cumple con la medida, que ha generado una gran polémica social. Varios países europeos adoptaron este límite hace tiempo, y aunque aquí se han aportado toda clase de argumentos a favor y en contra de los 110 km/h, lo cierto es que, en términos de ahorro de combustible (aunque modesto, apenas unos céntimos entre Mérida y Badajoz o entre Cáceres y Plasencia), la efectividad de la medida, en su conjunto, admite pocas dudas. Y todavía admite menos dudas que todos los países, los más y los no tan zarandeados por la crisis, necesitan aligerar cuanto antes el gasto en energía.

En los próximos meses es poco previsible que la tendencia del precio del petróleo sea a la baja. La inestabilidad en algunos países árabes a causa de los procesos de reforma en curso, la guerra civil en que ha desembocado la situación libia, la presión de algunos socios de la OPEP para que no aumente la producción, la necesidad imparable de petróleo en economías con tasas de crecimiento espectaculares como la china y la india y otros factores específicos de la dependencia energética española inducen a prever que, si no se adoptan medidas radicales, lo que está en juego no es un mayor o menor ahorro en los particulares, sino la incipiente recuperación económica, que puede quedar neutralizada por el coste de la importación de energía. Es decir, que ahorrar combustible en la vía pública es una necesidad, aunque no es suficiente, como señalan todos los especialistas, porque es preciso un replanteamiento general desde la Administración del mapa energético.

Al mismo tiempo, hace falta que disminuya el consumo de energía en la vida cotidiana de los ciudadanos. Tal como se explicaba el domingo en este periódico, la simple aplicación de estrategias de ahorro muy simples, pero que todos podemos adoptar, redundaría en una caída apreciable del gasto energético -en torno al 10%- en los hogares. Y ello sin prescindir previamente de ningún servicio ni hacer nuestras casas menos confortables.

Lo que resulta poco menos que grotesco es que desde diversos frentes políticos se ataquen la limitación de velocidad u otras medidas restrictivas con el argumento de que se coarta la libertad de los ciudadanos. En vez de enfilar esta senda, excesivamente simplista, debieran explicar cuál es su propuesta para mejorar la eficiencia energética, ahorrar petróleo y consagrar los 120 km/h como un derecho inamovible.