El 1º de mayo, ante la actual coyuntura de crisis, debe significar más que nunca la expresión de los derechos laborales y sociales. Debe trasladar la movilización masiva del trabajo, como acumulación de fuerza y razón, para que las medidas que se adopten en el marco de la crisis respondan a los verdaderos intereses de las personas, como protagonistas del presente y del futuro y sitúen al empleo en el eje central de todas las políticas.

Debe acallar las voces del capitalismo especulador y avaro, improductivo y usurero; preconizado desde muchas instancias de la economía, de las empresas y de la política que, a pesar del constatado fracaso siguen enarbolando la bandera de la desregulación y la no intervención de la política en la economía.

Los voceros de la individualización de las relaciones laborales, del abaratamiento del despido y de la flexibilidad para despedir sin tutela judicial, del adelgazamiento del estado social, etcétera. Todos estos que pretenden culpabilizar a los costes laborales de la actual situación, realizando un ejercicio de cinismo y engaño a una sociedad zaherida con más de 4.000.000 de parados --más de 100.000 en Extremadura-- deben saber y tener muy claro, que estos argumentos ni son asumibles ni vamos a consentir que tengan eco social y político.

Quienes tienen la responsabilidad de gobierno, quienes tienen la responsabilidad de legislar, deben eludir sentirse atraídos por estos cantos de sirena y escuchar la voz del trabajo y de la ciudadanía en este 1º de mayo, si no quieren que se convierta en antesala de acciones movilizadoras más amplias, contundentes y generalizadas. Quienes enciendan la mecha de los retrocesos en las políticas de protección social, en los derechos y en las relaciones laborales, obtendrán la respuesta adecuada de CCOO, del sindicalismo de clase y de los trabajadores y las trabajadoras.

Pero también debe quedar claro que los trabajadores y las trabajadoras no seremos arietes de intereses que no sean los nuestros y mucho menos de aquellos que pretenden, con engaño y utilizando la desesperación y el estado de inquietud que provoca la situación de desempleo, arrimar el ascua a su sardina ideológica, partidaria o económica.

La necesidad de más empleo, más inversión pública y más protección social deben ser los ejes de actuación sobre los que sustentar las políticas ante esta coyuntura. Todas las partes debemos realizar un esfuerzo de concertación, con especial énfasis en conseguir un Pacto de Legislatura por el Empleo, la Protección Social y la Economía Productiva. Que permita ampliar la protección desde los sistemas públicos de bienestar, impulsar la actividad económica y la creación de empleo transformando el modelo productivo y apostar por la mejora del sistema educativo y de formación profesional para el empleo.

Es necesario impulsar medidas fiscales que permitan restablecer el equilibrio entre ingresos y gastos, para que las administraciones públicas puedan soportar el esfuerzo necesario en inversión y gasto social. Es importante normalizar el sistema financiero, con especial preocupación en la fluidez de crédito para activar la economía productiva, incrementando el control, la intervención y la capacidad de decisión del Estado, salvaguardando la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro.

En el ámbito de Extremadura, ante el aumento considerable del desempleo y la imaginable disminución de cobertura en la protección del mismo --17.000 personas carecen ya de prestación alguna-- es urgente desarrollar el acuerdo firmado por sindicatos y gobierno el pasado julio, que permita disponer de una renta básica para estos casos.