El frente común de las asociaciones de vecinos de varios barrios de Cáceres contra diversos hosteleros, ya sean relacionados con la movida nocturna o no, tiene múltiples lecturas. Desde las más legítimas hasta, puede, las más perversas. Pero lejos de valorar intenciones que, en cualquier caso, son indemostrables, conviene detenernos en algunos aspectos dignos de reflexión. Parece admisible, y hasta lógico, que un establecimiento de hostelería se vea obligado a cerrar sus puertas por decisión judicial cuando el motivo de esa acción no es otro que supuestas irregularidades, luego confirmadas, en la concesión de la licencia de obras o cualquier otro requisito administrativo. Hasta aquí, todo bien.
En estos momentos, hasta diez hosteleros de Cáceres están en el punto de mira de la Justicia a raíz de acciones interpuestas por los vecinos. En algunos casos, las asociaciones intentan frenar en los juzgados cambios de categorías de los locales, que quieren adaptar sus licencias y pasar de bares a discotecas con el fin de homologar sus horarios a la nueva legislación. Pero lo cierto es que en Cáceres, como en cualquier otra ciudad medianamente desarrollada, tendrá que haber discotecas, sin que nadie plantee cruzadas perversas.
