La ley de seguridad privada aprobada esta semana por el Congreso introduce una novedad muy relevante en España: los miembros de las empresas del sector pasarán a tener la misma consideración que los agentes de los cuerpos de seguridad cuando las autoridades correspondientes los recluten para labores de refuerzo en determinados dispositivos. La ambigüedad del texto permite la interpretación de que esos agentes privados podrán actuar contra manifestaciones y protestas en la calle al tener una "protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad". De lo que no hay ninguna duda es de que los vigilantes privados podrán patrullar por la vía pública y practicar detenciones en algunos supuestos. Ni de que a partir de ahora las fuerzas de seguridad podrán compartir información con las empresas del sector. En conjunto, una serie de medidas que dan a la seguridad privada un papel muy importante en el control del ejercicio de libertades públicas, lo que remite inevitablemente, salvadas las distancias, a experiencias históricas ya superadas como los somatenes. Y a nadie se le escapa que este refuerzo extraordinario de las facultades de los vigilantes privados llega al mismo tiempo que el Ministerio del Interior ha alumbrado la ley Fernández, que ya ha originado las protestas de amplios sectores y cuya constitucionalidad ponen en duda muchos expertos. Un panorama inquietante, mucho más cuando la realidad de la calle en España para nada justifica iniciativas de este calado.
