Leía anteayer que, en el Congreso de los Diputados, se ha comenzado a debatir acerca del anonimato en las redes sociales. La iniciativa ha partido del Partido Popular, que ha iniciado contactos con los otros grupos con representación parlamentaria, con objeto de recabar apoyos para el impulso de futuras iniciativas que obliguen legalmente a identificarse, con nombre, apellidos y DNI, a todas las personas que quieran hacer uso de las redes sociales en nuestro país.

Antes siquiera de sentarse a debatir sobre el modo en que se pueden articular los cambios legislativos, y sobre la concreción de los mismos, ya hay representantes públicos que se han mostrado escandalizados por el planteamiento del PP, arguyendo que la identificación de los sujetos restringiría su derecho a la libertad de expresión.

Ante esto, no cabe otra cosa que reflexionar acerca de la consideración con que distinguen algunos a la libertad de expresión, así como tratar de divisar el lugar en que esos mismos fijan sus límites. Porque, sí, la libertad de expresión es un derecho fundamental de los ciudadanos. Pero, también, existen unas líneas rojas que delimitan hasta dónde puede llegar la libertad de expresión. Y esas líneas se dibujan con la tinta de los textos legales que rigen en nuestra nación.

Lo marcado por nuestro ordenamiento jurídico fija una mediana que no ha de rebasarse, porque una utilización perversa de la libertad de expresión puede empujar por el despeñadero a muchos sujetos inocentes, y hasta a la misma sociedad. Y hay que recordar que, en ningún artículo, de ninguna ley existente, hay ni una sola línea que respalde al anonimato como herramienta justa e imprescindible para el ejercicio de la libertad de expresión.

Los mayores adalides de la libertad de expresión son los periodistas. Y estos profesionales no se esconden a la hora de publicar noticias u opiniones sobre hechos relevantes. A lo largo de la historia, han sufrido represalias por dar a conocer datos que se mantenían ocultos, por denunciar ilegalidades, o por revelar actitudes hipócritas o deshonestas. Pero siempre lo han hecho firmando sus artículos, dando la cara.

Hoy, algunos pretenden señalar al anonimato como una condición sin la cual es imposible ejercer la verdadera libertad de expresión. Y muchos, sin embargo, creemos que todo aquello que se publica sirviéndose de máscaras, seudónimos o perfiles falsos es, por defecto, más sospechoso de ser falso, dañino o ilegal que si se publica bajo una identidad pública, conocida y contrastable.