XLxa publicación por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la última Encuesta sobre las Condiciones de Vida en España (ECV) correspondiente al 2004, en la que se recogen datos de 15.000 hogares españoles, nos muestran una fotografía preocupante de lo que podríamos denominar como la microeconomía de los ciudadanos normales de nuestro país.
La encuesta nos deja ver una imagen que convendría no dejar de observar con todo detalle y unas ciertas dosis de corresponsabilidad social.
Uno de cada cinco españoles (19,9%) --en valores absolutos más de ocho millones de personas-- vive con menos del 60% de la media del ingreso disponible nacional. Lo que significa que no llegan a disponer de 5.177 euros anuales, o lo que es lo mismo de 369 euros al mes.
Los datos, similares a los publicados por Cáritas en reiteradas ocasiones, deberían suponer una llamada de atención sobre un dramático fenómeno que, lejos de solucionarse, se prolonga en el tiempo mientras se nos vende de modo indecente que "España va bien". Los datos de ahora son lamentablemente similares, y, en algunos casos, peores a los de 1995. Lo que se traduce en una dolorosa e insoportable paradoja según la cual, mientras crece la economía española, este crecimiento no se traslada, o sólo lo hace en parte, a ciertos sectores sociales (mayores, mujeres, jóvenes desocupados, etcétera) y particularmente algunas regiones (Extremadura, Andalucía, etcétera). Se producen las típicas y penosas consecuencias de la ausencia de solidaridad social y de falta de una política de redistribución de la renta individual y regional.
Pero estos datos que deberían ser objeto de seria preocupación, referidos al conjunto del país, y que resultan lesivos para determinados colectivos ya señalados, son particularmente llamativos para el caso de Extremadura, al situarnos la encuesta al frente de la tasa de riesgo de pobreza, por comunidades autónomas, con un 37% personas en riesgo de padecerla, un 17% por encima de la media del total de España, un 28% más que Madrid y un 26% más que el País Vasco.
A todos estos datos habría que añadir, con carácter general, que Extremadura es la comunidad en cuyos hogares los ingresos medios se sitúan en 16.470 euros, lejos de los 25.493 de Madrid, con los ingresos más altos por hogar de todo el país. Los ingresos medios por persona serían de 5.653 y de 9.111, respectivamente. Es decir, que un madrileño gana un 61% más que un extremeño.
Todos estos datos, tan negativos como tozudos, nos dan de bruces frente a una realidad no siempre suficientemente visible para los extremeños; muchas veces oficialmente ignorados; otras, mal interpretados; y casi siempre vergonzosamente negados, como si con la negación de lo evidente solucionase los problemas que amenazan con pudrirse .
Pero todos estos datos se vuelven especialmente llamativos cuando hacen referencia a un sector especialmente sensible frente al fondo del problema que deja patente la ECV (2004): La población de 65 y más años, como población diana de la precariedad antes descifrada. Son ellos, particularmente los mayores, el sector más sensible de padecer las consecuencias de unos ingresos que les dejan socialmente en una situación de penuria económica y social. Ya sabemos que las redes sociales y familiares son capaces de encubrir en parte el problema. Pero esas redes suponen soluciones coyunturales, muchas veces a expensas del sacrificio, más allá de lo razonable, generalmente de las mujeres. Subrayados los datos más preocupantes que amenazan el día a día de los mayores pobres y dependientes ¿por dónde pueden venir soluciones socialmente útiles y económicamente sostenibles?
La soluciones para las personas mayores y dependientes pasan por las pertinentes ayudas, que en unos casos serían pensiones que permitan hacer frente con dignidad a una vida autónoma; en otros apoyos de los servicios sociosanitarios de distinta intensidad; además con apoyo a la familia que decida y pueda prestar ayuda a su familiar; y un largo y pertinente listado, a la carta, según las situaciones.
Soluciones que pueden y deben abordarse en una futura e inmediata Ley de Dependencia, que se nos anunció hace meses y que sería deseable que no se dilatase por más tiempo su publicación y puesta en práctica. Si ahora los datos a nivel estatal nos dicen que apenas un 3,14% de los mayores de 65 años disfrutan de la prestación de ayuda a domicilio, el 2,05 a la prestación de teleasistencia, y sólo un 0,46% tienen plaza en un centro de día, la tarea que queda por delante es ingente. Pero esta tarea, lejos de ser un problema que agravaría aún más la situación general, antes señalada, puede convertirse en una oportunidad que podría suponer entre 200.000 y 300.000 empleos, y eso no es un asunto nada despreciable cuando se trata de propuestas que favorecen especialmente a dos poblaciones señalados como población diana de precariedad. Nos estamos refiriendo a los colectivos sin trabajo y a los mayores.
Por todo ello, la lucha contra la pobreza exige una acción coordinada capaz de resolver a la vez el problema de los mayores pobres y de ofrecer oportunidades laborales.
Sería bueno que los datos de la encuesta sirvan para transformar nuestras debilidades en fortalezas en forma de nuevas e imaginativas propuestas de futuro tanto desde la sociedad como desde el comprommiso de las instancias políticas.
*Profesor. Escuela de Enfermeríay Terapia Ocupacional
