Las mujeres que fueron atendidas por un ginecólogo portador del sida en una clínica privada de Barcelona siguen acudiendo, con la lógica angustia, a hacerse las pruebas para saber si se contagiaron. El médico asegura que transmitió el virus de manera inconsciente a una parturienta porque no supo que era seropositivo hasta hace unos meses. Sus pacientes dicen que a pesar de ello el facultativo siguió trabajando. El Colegio de Médicos de Barcelona ha puesto mucho más interés en quejarse del perjuicio para la imagen de sus afiliados por la difusión de la noticia que en reconocer su dificultad a la hora de hacer cumplir los códigos éticos de la profesión. A la condescendencia ha contribuido la tímida reacción de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña.
El caso está rodeado de secretismo e insinuaciones con la excusa de que puede afectar al buen nombre de profesionales respetables y clínicas de prestigio. El argumento es inadmisible. Lo que está en juego es si la confianza que la sociedad ha otorgado al Colegio de Médicos de Barcelona para que vigile las actuaciones de quienes sólo pueden ejercer --pública y privadamente-- con su autorización corporativa debe seguir ante casos como el denunciado.
