WCw on la definitiva aprobación, ayer, de la ley de dependencia por el Congreso, España da un salto muy importante en la extensión de la sociedad del bienestar y entra en el reducido club de los estados que dan ayudas a las personas que no pueden valerse por sí mismas en su vida cotidiana. A partir del 2 de enero los ciudadanos dependientes recibirán servicios públicos para aliviar su situación con un método de copago. La ley beneficiará cuando se haya desarrollado a 1.300.000 personas y dará ocupación a otras 300.000. La puesta en marcha de esta ley es, a la vista de esas cifras, una operación de extraordinaria envergadura, por lo que tardará unos cuantos años en extenderse a todos los que lo necesiten. Es por ello deseable que el Gobierno y las comunidades empiecen a aplicar la ley atendiendo en primer lugar a los más necesitados, a quienes sufren dependencia severa y tienen menos recursos económicos para hacer frente a su situación. El hecho de que la maquinaria de todas las administraciones deba ponerse en marcha en los próximos años para hacer realidad lo que se ha venido en llamar el cuarto pilar del Estado del bienestar --junto a la sanidad, la educación y las pensiones-- indica que es importante el mayor consenso político posible. Ayer el respaldo a la ley fue muy amplio --incluido el del PP-- y se tomó conciencia de que abordar este tema no se podía demorar más. El progresivo envejecimiento de la población, consecuencia de los avances de la sanidad, creará más bolsas de ciudadanos dependientes que deben ser atendidos con criterios sociales avanzados. La puesta en marcha de esta ley llega en un buen momento, cuando hay superávit en las cuentas públicas y crece la ocupación.
