Una jueza de lo contencioso-administrativo de Badajoz acaba de anular las bases de la diputación provincial que regulaban las ayudas a municipios desde el plan de obras y equipamientos Dinamiza 2018, una anulación que se basa en la presunta incompetencia de la comisión provincial de memoria histórica para decir si un ayuntamiento cumple la ley nacional del mismo nombre, en cuanto a erradicación de vestigios franquistas, y en la apreciación de que exigir ciertos requisitos para ser beneficiario del plan supone una sanción, que como tal castigo exige un expediente administrativo y resolución.
Ligar la concesión de determinadas ayudas como esas, a la puesta en práctica de una ley nacional de memoria histórica que algunos partidos e instituciones repudian abierta o tácitamente, esto último por ejemplo privándola de medios de aplicación, o en el otro caso descubriendo y protegiendo placas a la memoria del dictador Franco, fue una decisión política que se personaliza en el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y cuyos éxitos y reveses, como responsable de la misma, lógicamente asume.
La medida ha sido controvertida, y combatida de forma muy beligerante por ejemplo por el Ayuntamiento de Badajoz, pero también por su antiguo dominio y hoy municipio Guadiana del Caudillo, o más bien por las personas y partidos que aún en funciones ostentan esas alcaldías y gobiernos, Francisco Javier Fragoso y Antonio Pozo, respectivamente.
Dentro del propio PSOE, el alcalde de Villanueva y presidente de la institución provincial tampoco ha tenido todas las opiniones a favor; algunos le reprochaban haberse metido sin necesidad en un jardín como se suele decir, o arriesgarse a problemas innecesarios. Tampoco le han faltado apoyos, aunque no hayan sido en voz muy alta, ese sector memorialista que no se resigna a que la dignidad de los vencidos siga siendo pisoteada, en aras a una actitud timorata y conciliadora, de no hinchar ampollas, y dejar el pasado atrás.
PERO LO CIERTO es que la decisión arriesgada y valiente de Gallardo y sus colaboradores fue secundada por sus compañeros en diputación Cáceres, presidida por Rosario Cordero, y salvo el caso noticioso de Badajoz y Guadiana del Caudillo -con la poca fortuna para el alcalde de la primera de quedar asociado a un candidato abiertamente franquista que acabó en Vox-, ayuntamientos importantes para el PP en Cáceres no han puesto tantas objeciones. Además la ley regional de memoria histórica, aprobada por PSOE y Podemos, con abstención de Ciudadanos y rechazo del PP, contempla también la posibilidad de retirar subvenciones a quienes no respeten el reconocimiento a la España que perdió la guerra, y sigan exaltando la victoria militar de los rebeldes, y a sus protagonistas.
La sentencia del juzgado de lo contencioso número 2 de Badajoz es recurrible, y posiblemente la Diputación lo haga, aunque lo más probable es que no prospere y el asunto tuviera que verse en instancia judicial superior. Hasta el momento ha habido pronunciamientos algo contradictorios sobre diversos aspectos de las medidas de Diputación.
Lo cierto es que no parece haber habido daño político y electoral alguno para quienes promueven esas medidas democráticas, disciplinarias y extralimitadas en lo legal según la sentencia. Gallardo sigue con mayoría absoluta en Villanueva, también con mayoría absoluta volverá a gobernar con su equipo la diputación, y del otro lado Antonio Pozo ha sido sonoramente desalojado por sus vecinos de la alcaldía, mientras Fragoso veremos si conserva Badajoz.
En ese último municipio se proclama por sus gestores que se cumple la ley de memoria histórica. Un municipio que cuenta sin embargo con una pedanía que se llama Villa-Franco, Villafranco del Guadiana, y que es uno de los motivos de incumplimiento de los requisitos para ayudas provinciales, según el comité de expertos memorialista.
* Periodista
