WLw a controvertida ley de la memoria histórica ha superado esta semana, no sin ciertos apuros, su primer obstáculo en el Congreso de los Diputados, pero ahora afronta una larga tramitación parlamentaria en la que corre el serio riesgo de embarrancar. Todos los grupos, con la excepción del PSOE, expresaron en esa sesión parlamentaria su disgusto con el texto del Gobierno, aunque la dispersión del voto de los detractores evitó que prosperasen los vetos del PP, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida.

Leída a fondo, la iniciativa impulsada por la vicepresidenta Fernández de la Vega resulta ambiciosa en el capítulo económico, puesto que otorga pensiones, indemnizaciones y exenciones fiscales a víctimas del franquismo que hasta ahora han estado olvidadas. Es, además, hábil al regular la retirada de símbolos franquistas sin imponerlo como un mandato para todas las instituciones; y, conforme al espíritu que alumbró la transición, es también políticamente equilibrada, pues trata de compensar por igual a los dos bandos que contendieron en la guerra civil.

A esa deliberada equidistancia, más que a los pretextos jurídicos hasta ahora alegados, obedece la negativa del Gobierno a anular los consejos de guerra del franquismo. Una opción legítima y comprensible, si no fuera porque, tanto en la oposición como en los albores del mandato de Zapatero, el Ejecutivo prometió cancelar estos sumarios o, al menos, ofrecer alguna "satisfacción jurídica" a las víctimas del franquismo.

La vindicación de la memoria republicana y de los represaliados por el franquismo fue uno de los estandartes del opositor Zapatero, pero una cosa es predicar y otra legislar. Antes de alimentar las esperanzas de las víctimas de la dictadura, el Gobierno debería haber calibrado hasta qué punto estaba en condiciones de satisfacer las expectativas creadas. Reabrir las heridas para cicatrizarlas a medias no parece una buena receta.

Precisamente el mismo día en que se debatía en el Congreso la ley, la Sala Militar del Tribunal Supremo rechazó, por tres votos contra dos, la revisión de la condena de los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granado, éste extremeño de Valencia del Ventoso, que fueron ejecutados en 1963 por unos atentados que luego fueron reivindicados por sus verdaderos autores. Este hecho por sí solo confirma que la actual ley impide hacer justicia con los que fueron víctimas de un régimen dictatorial. Bastaría con cambiarla para que en casos como éste se restituyera la verdad, como sostienen muchos juristas evocando el precedente alemán.

Descontado el rechazo del PP, que se muestra alérgico al recuerdo de lo que fue la derecha española, el PSOE debería flexibilizar su posición para granjearse el apoyo de la izquierda. Porque excluir de esta norma a quienes combatieron el franquismo sería, más que recuperar la memoria histórica, un ejercicio de amnesia selectiva.