En febrero del año pasado, después de meses de movilizaciones, y ante el creciente y alarmante drama de los desahucios, el Congreso de los Diputados admitió a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dación en pago respaldada por 1,4 millones de firmas.

En marzo, el tribunal de la UE declaró que la vieja y desfasada ley hipotecaria española contenía cláusulas abusivas. El 15 de mayo entró en vigor la reforma de la ley, que incorporó novedades aceptables pero tímidas. El balance es desalentador: por una parte, los opositores a los desahucios han ganado la batalla de la opinión pública y han impedido muchos desalojos, al tiempo que han visto reconocida por los bancos su capacidad de negociación; por otra, el número de desahucios se ha reducido muy poco, aunque los afectados ahora son distintos.

Como ha ocurrido con otros estragos de la crisis, los desalojos ahora ya no afectan solo a los inmigrantes o los parados de la construcción, sino que alcanzan a las clases medias y a las familias que consiguieron una primera refinanciación de su deuda. Ya no se producen suicidios diarios ni los desahucios aparecen cada día en los medios de comunicación, pero el drama continúa. En gran parte, porque la nueva ley no ha resuelto el problema, entre otros motivos porque los ya desahuciados no pudieron acogerse a ella, el nuevo texto dio solo un mes para denunciar las cláusulas abusivas de la hipoteca y se limitó en la práctica la posibilidad de denunciar, según alegan los abogados de los afectados.

Como se reclamaba, la ley elevó del 60% al 70% de la tasación el mínimo exigible a un banco para quedarse una vivienda si la subasta quedaba desierta, pero triquiñuelas legales, como la rebaja del mínimo para un segundo postor, siguen facilitando que se produzcan adjudicaciones a la baja.

El problema de fondo sigue, pues, sin resolver, como se desprende de la revisión hecha por este diario de varios casos un año después de salir a la luz. ¿Qué hacer, entonces? La mayoría de los afectados reclaman a los bancos un alquiler social.

Puede ser una solución, pero será provisional. Una salida más duradera sería una nueva revisión de la ley que no se quede corta y afronte de verdad el drama social que los desahucios significan. Porque confiar en que la recuperación económica --incierta, pese al optimismo oficial-- arregle el problema es una broma macabra.