TLtlegó el PSOE al Gobierno extremeño vestido con piel de cordero, enarbolando la bandera de la transparencia, el diálogo y la participación ciudadana. Pronto comprobamos cómo presentaba unos presupuestos regionales sin previo diálogo con el resto de fuerzas parlamentarias, cuyo voto necesitaba para aprobarlos.
Siguió con los vetos en Consejo de Gobierno a las leyes que les planteamos desde Podemos Extremadura, y continuó con la presentación de proyectos de ley por procedimientos de urgencia sin debate previo ni participación. Sobran ejemplos de cómo el partido que se autodenomina socialista y obrero ha ido sufriendo una metamorfosis respecto a su entrada en la Junta, acercándose a las tesis y formas del Partido Popular.
El más reciente ejemplo es el proyecto de decreto por el que se regulan los documentos de acompañamiento de productos agrícolas y requisitos durante su transporte, cuya tramitación es sustancialmente mejorable tanto en el fondo como en la forma.
Los abanderados de la participación ciudadana dicen haber contado con la colaboración de las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias y la FEMPEX. Pero resulta curioso que no se haya dado la palabra a asociaciones de personas paradas, ni a las que recurren al rebusco, ni a representantes de los puestos de recepción de productos agrícolas, entre otros colectivos. Curiosa forma de participación ciudadana.
Y lo que es peor: una cuestión tan sensible como ésta, que afecta a tantas personas y a tantos sectores en nuestra tierra, se publica un 17 de agosto, con estivalidad y alevosía. El periodo de alegaciones, además, se limita a siete días hábiles, un margen demasiado escaso.
El proyecto de decreto obliga a llevar consigo hasta una docena de requisitos a toda persona que transporte más de 25 kilos de productos agrarios durante la campaña agrícola, es decir, "a lo largo de todo el año, salvo las aceitunas (-) y las uvas". Entre otros documentos se exige la referencia SIGPAC (municipio, polígono, parcela, recinto) o el número de inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola, así como la copia del modelo normalizado de la última solicitud única de la PAC. Todos ellos los tendrán que llevar encima las personas que practiquen el rebusco, agricultores y agricultoras que cojan unas cajas o sacos de patatas, melones, tomates, etc; cualquier persona a la que le regalen productos agrícolas por encima de ese peso; personas con el encargo del dueño o dueña de traerle unos kilos de algún producto. A esto se le añade que cuando una persona salga de casa portando los requisitos sobre una finca no podrá desplazarse a otra si no tiene los papeles consigo. Cabe preguntarse también qué harán aquellas personas que no solicitan la PAC o han sido expulsadas de ese injusto sistema por recibir menos de 200 euros de estas ayudas.
Una serie de medidas que choca con la propuesta de flexibilización del paquete higiénico sanitario que se aprobó hace unos meses en la Asamblea de Extremadura a propuesta de Podemos para facilitar la actividad de pequeñas producciones y producciones tradicionales. Este proyecto de decreto transita por la senda contraria y sin duda perjudica al sustento de muchas familias en nuestra región.
Me temo que tanta burocracia no acabará con los robos en el campo como dicen pretender, sino que supondrá una innumerable cantidad de problemas a los agricultores y agricultoras al limitar su capacidad de movimiento, además de a la infinidad de personas que recurren al rebusco como última opción para llevar unos euros a casa, incluso para aquellas que tienen un pequeño huerto para el autoconsumo. Hay que recordar que el rebusco es una actividad legal recogida en la disposición final decimoquinta de la Ley Agraria de Extremadura como un "derecho consuetudinario". Incluso el PSOE se presentó a las elecciones regionales de 2015 defendiendo en su programa electoral la "protección de prácticas agrarias tradicionales como el rebusco".
Pretendían que llegáramos de vuelta de las vacaciones con todo el pastel cocinado, pero gracias a particulares y diferentes asociaciones que han dado la voz de alarma aún estamos a tiempo de hacer recapacitar a la Junta de Extremadura para que inicie un verdadero proceso de transparencia, diálogo y participación de todos los sectores implicados para proponer alternativas a las propuestas en este proyecto de decreto.
