El Gobierno del PP utilizará la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2004 para perdonar la deuda fiscal de 200 millones de euros (33.000 millones de pesetas) de las grandes empresas financieras e industriales españolas que tenían filiales en el paraíso fiscal de Islas Caimán. Servían para captar inversiones internacionales bajo el equívoco tan habitual de libres de impuestos en el país de origen del emisor, o sea, España. En julio se había aceptado, a propuesta del PSOE, que las facilidades para repatriar esas sociedades instrumentales --conocidas por la CNMV, Banco de España y Hacienda-- debían limitarse a cajas y bancos, que operan en el mercado financiero mundializado. Ahora se ha extendido a otras compañías (Repsol, Telefónica, Sol-Meliá), en una actuación que se explica más como un favor a empresas cercanas al PP que por razones objetivas.
Es positivo que se extienda entre las grandes empresas la ética empresarial que exige lealtad en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Pero no es la mejor manera propiciarlo a través de enmiendas de última hora en una ley que sólo debería ser complementaria de los presupuestos del Estado. Se pierde otra ocasión para hacer pedagogía fiscal.
