Es el ciudadano el que decide con su voto cómo y por quién va a ser gobernado, pero ciudadanos somos todos, más o menos informados y más o menos versados en política o economía. Los partidos políticos lo saben y también saben que son los mensajes simples los que calan más hondo y resultan más efectivos. Aún hoy, entre los defensores del independentismo se escucha el mantra del déficit de los famosos 16.000 millones de la balanza fiscal. Convendría recordar que existen varios métodos para calcular esta balanza. Para contar estos 16.000 millones la Generalitat de Cataluña usó el método de flujo monetario, que tiene en cuenta el gasto estatal que se efectúa directamente en un territorio determinado, en este caso sería lo que España invierte en Cataluña. Por poner un ejemplo, el Tribunal Supremo está en Madrid, así que no computaría, pero ¿acaso no beneficia también a los residentes en Cataluña? El método por carga-beneficio, sin embargo, evalúa la rentabilidad generada aunque no se haya generado en el territorio. Por ejemplo, el VOR de Calamocha, que guía a los aviones en el puente aéreo Madrid-Barcelona, está en Aragón, pero también beneficia a Cataluña. Otro ardid que se usó para que saliera una balanza tan descompensada fue neutralizarla, lo que consiste en repartir el déficit del estado español entre las diferentes autonomías para calcular el gasto que correspondería a cada una, con lo que el déficit se dispara. Los resultados de esta balanza neutralizada distan mucho de los que se obtendrían con una balanza-observada, que es la que observa los flujos de ingresos y gastos reales. Todos estos modelos de balanza son útiles, reales y miden conceptos diferentes, pero a la ciudadanía se le hizo llegar un mensaje mucho más simple: España roba 16.000 millones al año a Cataluña. Los ciudadanos tenemos derecho a decidir, pero también tenemos el deber de informarnos para hacerlo de un modo responsable.
