Por más que su partido le arrope, el secretario general del PP en Madrid, Romero de Tejada, no salió incólume de su paso por la comisión que investiga la trama político- urbanística en la que se emboscan los tránsfugas del PSOE Eduardo Tamayo y Teresa Sáez. A Ricardo Romero de Tejada, exalcalde metido en pleitos urbanísticos y miembro de consejos de administración de empresas públicas, se le olvidó que cobraba como trabajador de una firma de fotocopias de los hermanos Sánchez Lázaro, vinculados al PP y al negocio inmobiliario. Una vez desvelado este dato, al dirigente popular sólo le cupo admitirlo, quizá porque no olvidaba que mentir en una comisión de investigación parlamentaria es delito.
La justificación fue chusca: cobra 1.200 euros al mes como empleado a plena jornada, pero sólo echa "unas horillas" como asesor para asegurarse la pensión. Un contrato así suena a fraude, y la ley está hecha para evitar este tipo de chanchullos. No está claro cuánto aclarará la comisión sobre la trama que denuncia el PSOE, pero a Romero de Tejada le han pillado en falta. Esto, en un país normal, debería suponer una inspección del Ministerio de Trabajo y un duro golpe a la carrera política del implicado.
