En las últimas elecciones del land de Turingia, en el Este de Alemania, el tripartito de izquierdas (los poscomunistas de La Izquierda, socialdemócratas y Verdes) refrendó su victoria pero se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta. Los malos resultados de los dos miembros de la Gran Coalición del Gobierno federal (CDU y SPD), que dificultaban cualquier fórmula alternativa, el veto de los primeros a La Izquierda y el inquietante ascenso de la ultraderecha de la AfD, segunda fuerza, bloqueó la formación de Gobierno hasta que el líder del partido con menos representación, el FDP, fue elegido con el apoyo de la CDU y los votos de la ultraderecha.

Los líderes regionales de los partidos conservadores prefireron romper el cordón sanitario contra la AfP, el firme compromiso de todos los partidos demócratas de no aceptar bajo ningún conceptos los votos de la ultraderecha, que dejar gobernar a las izquierdas. Afortunadamente, los líderes nacionales de CDU y FPU han desautorizado el acuerdo y se han comprometido a deshacerlo.

En la fulminante reacción contra esta cesión ante la facción más radical de la AfD ha sido clave la firme actitud de la cancillera Angela Merkel, que calificó lo sucedido de «un mal día para la democracia».

Merkel no ha estado sola. El secretario general del CDU no ha dudado en calificar de «nazi» al líder de la AfD en Turingia y la presidenta del partido y teórica sucesora de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, no ha sido menos contundente al comparar lo sucedido con la complicidad con el nazismo de los partidos de centro y derecha que allanó el paso a Hitler. Pero no por eso los temores se desvanecen: hay dudas sobre hasta qué punto Kramp-Karrenbauer dispone de la autoridad que permite a Merkel mantener en pie el veto a la ultraderecha frente a las tentaciones de derechizar el rumbo de la SPD ante el ascenso de la ultraderecha.

El ejemplo de responsabilidad y dignidad dado por Merkel debería ser un ejemplo a seguir por partidos de otros países, como España, que han promovido y aceptado, y no precisamente a regañadientes, acuerdos, en Andalucía o Murcia, similares al que en Alemania se considera una auténtica amenaza para el sistema democrático.