De la misma forma que no hay vacuna contra el covid-19 y los expertos en salud pública no han encontrado la manera de detener la cadena de contagio, tampoco hay forma de evitar los efectos que la emergencia sanitaria ya tiene sobre la economía. Decenas de miles de personas ya han perdido de forma temporal su empleo. Ayer se anunció que la dirección de la planta de Seat en Martorell ha pactado la apertura de un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que afectará a 14.800 trabajadores. La cadena de hamburgueserías Burger King hará lo mismo, en su caso afectando a 14.000 personas en España. Y no son las únicas empresas que han tomado esta decisión. Los estragos que causa la emergencia económica empiezan a ser evidentes cuando apenas ha empezado el proceso de confinamiento dentro del estado de alarma decretado por el Gobierno.

El primer día laborable de confinamiento dejó imágenes que causaron cierto revuelo, como pasajeros en el metro. El Gobierno central permite acudir a trabajar en aquellas empresas que mantengan su actividad, de ahí que hubiera desplazamientos de personas. La imagen en algunas ciudades distaba mucho de la de un día habitual, pero no puede afirmarse que se detuvo por completo la actividad al estilo de lo que hemos visto en China y en Italia. Ese es el dilema al que se enfrentan los gobernantes no solo en España, sino en Europa, convertida ahora en el epicentro de la epidemia: encontrar el equilibrio entre combatir la emergencia sanitaria sin que ello arrase con la economía. El modelo chino de confinación total supone detenerla por completo. Italia ha seguido parcialmente este camino, mientras que España permite salir a trabajar. En el otro extremo se sitúa el Reino Unido, donde Boris Johnson se resiste a tomar medidas drásticas que afecten a una economía marcada por el proceso del brexit pese a los informes científicos que alertan de las consecuencias sanitarias.

No es este un debate sencillo, que pueda ventilarse alegremente con argumentos superficiales y estériles. La responsabilidad que recae sobre los gobernantes es descomunal. Los hospitales pueden dar fe de los estragos de la crisis sanitaria, y los despedidos (y los autónomos), de los de la crisis económica. La política de confinamiento total parece imponerse, con el cierre total de las fronteras de la Unión Europa y de las interiores que están decretando muchos países. Pero al final es responsabilidad de los gobiernos sopesar, como vasos comunicantes, los efectos de sus decisiones en un escenario en que no hay soluciones buenas, sino menos malas. Y también es su responsabilidad diseñar políticas para evitar una emergencia social.