El Gobierno ha repatriado con diligencia y honores al capitán de navío Manuel Martín-Oar, pero ahora debe aclarar por qué aceptó la primera versión de que estaba fuera de peligro tras el atentado contra la sede de la ONU en Bagdad. Es comprensible que un diagnóstico médico erróneo sobre el alcance de las heridas le relegara en la prioridad de atenciones en el caos que generó la explosión. Pero no es aceptable el cúmulo de versiones contradictorias facilitadas oficialmente ni que dos días después aún no se sepa con certeza dónde y cuándo murió. Y es inadmisible que al interés por saber la verdad se replique desde el Gobierno con otra malcarada apelación a la lealtad.
Los españoles que ya están en Irak merecen apoyo y solidaridad. Pero el Parlamento aún no se lo ha podido brindar ni ha debatido el envío de tropas. Aznar rehúye todas las demandas que la oposición le plantea. Quizá el presidente no quiera admitir que las tropas españolas están en Irak sin respaldo de la ONU, actuando como ocupantes. O no quiera reconsiderar su decisión ni aceptar que no están allí por ayuda humanitaria. Pero ya es hora de debatirlo en el Congreso. Al menos, Bush y Blair, los instigadores de la guerra, no tienen problemas para acudir a sus parlamentos.
