Aunque todavía quedan muchos pasos que dar para aclarar judicialmente la operación de desmantelamiento anunciada ayer por la Guardia Civil, que se ha saldado con hasta quince detenidos, prácticamente todos ellos relacionados con la industria extremeña del tomate, conviene aclarar algunas cuestiones y realizar otras tantas lecturas para que, en cualquier caso, este borrón no salpique a todo un sector productivo básico de nuestro sector primario. Cierto es que, en un primer análisis, la red, integrada por destacadas empresas del sector transformador, venía actuando durante los últimos años con cierta comodidad, abusando de los pagos que hacían a los productores, por debajo del mínimo fijado a través de las ayudas que recibían de la Unión Europea. Y cierto también que poco o nada tenían que ver con estas actividades los propios agricultores, los que en última instancia más sufren los descensos de precios en el producto final.
Ahora, lo más higiénico para el sector del tomate extremeño es que este mal sueño se acabe lo antes posible, con el mayor rigor en cuanto a la aplicación de la legislación para un caso de fraude masivo. Y, sobre todo, que el cupo de tomate asignado por Bruselas se mantenga. Por el bien de los productores y de los extremeños.
