WNwada más hacerse pública la intención de la Junta de Extremadura de regular los parques eólicos, han empezado a surgir localidades del norte de la región reclamando --y disputándose-- para sí acoger los molinos que generan la energía. La Junta tiene la capacidad de elegir los proyectos más adecuados y, por lo que dicen sus responsables, cuenta con ofertas suficientes para hacer una elección rigurosa. Pero a la vista de los muy legítimos intereses mostrados por muchos alcaldes de Hurdes, Gata y Trasierra-Tierras de Granadilla de acoger en sus términos municipales los aerogeneradores -y de otros grupos contrarios a los mismos--, la Junta se enfrenta no sólo a un asunto técnico sino a un problema político, que corre el peligro de hacerse más grande cuanto más tiempo se tarde en poner orden en las demandas, porque aparecen discusiones y diferencias bajo la sospecha de que se defienden intereses de unos municipios sobre otros. La propuesta formulada por el dirigente socialista cacereño Juan Ramón Ferreira acerca de que la gestión de los futuros parques eólicos tenga como base la comarca en lugar de la localidad está hecha con sentido común y con justicia porque estos parques, por su tamaño y por los lugares en que se asientan, afectan a un territorio más amplio que un término municipal. Esa debería ser la base de la discusión. Y cuanto antes se haga, mejor.
