Gobierno y oposición de Plasencia han estado en los últimos días a la greña a cuenta de la actuación del primero en relación a la recuperación de los terrenos de la empresa de artes gráficas Monprint que, como se recordará, fue desmantelada de mala manera, despidiendo a toda su plantilla y después de que trabajadores y sindicatos denunciaran que los propietarios --Monprint SL, Printone Inversiones SL, Coller Ibérica-- habían desviado producción a otras plantas y habían dejado caer la placentina.

El PP ha acusado al Gobierno local, centrando sus críticas en la alcaldesa Elia Blanco, de haber actuado negligentemente porque el ayuntamiento, es decir el municipio, puede quedarse sin compensación en la liquidación de la sociedad a pesar de que los terrenos en que estaba Monprint eran municipales.

Las críticas del PP están justificadas: el ayuntamiento placentino no ha actuado precisamente con diligencia para reparar el daño al patrimonio público. Primero, en 2005, cuando renunció a que, en caso de que la empresa no cumpliera las condiciones de empleo, se le revertieran los terrenos. Entonces se modificó esa exigencia por unanimidad, conformándose los grupos políticos con que se resarciera a Plasencia no con los terrenos, sino con su valor de tasación. En segundo lugar, ahora, cuando el ayuntamiento se persona en el concurso de acreedores en los últimos días de plazo, con grave riesgo de no sacar nada de su reclamación. El fiasco de Monprint, sus consecuencias sociales en la ciudad, merecía una atención más cercana por parte de Blanco.