El episodio de defenestración de la empresa placentina de artes gráficas Monprint, que ha concluido con el despido de sus 83 trabajadores y, después de 14 días de encierro, con el cobro de sus salarios atrasados merced a una operación de ingeniería bancaria a cargo de Sofiex y facilitada por Caja Extremadura, ha puesto al descubierto, en primer lugar, la desvergüenza de la empresa mayoritaria, Pantone, que ha dejado tirados a los integrantes de la plantilla y a la Junta, de la que recibió más de tres millones de euros para que se instalara en la región, que tiene más de 8 millones de deuda y que ahora no da la cara para que los trabajadores cobren sus últimos salarios.

Pero junto a ello también ha mostrado que la gestión que del dinero de los contribuyentes ha hecho la Sociedad de Fomento deja mucho que desear y merece la reprobación y un cambio de rumbo.

La difícil situación económica está poniendo en dificultades a muchas empresas y sacando a la luz el compromiso de sus propietarios --o lo contrario: su ausencia-- con el mantenimiento de la actividad y del empleo. De paso, también está poniendo de manifiesto que la defensa de la inversión realizada con el dinero del contribuyente que ha hecho Sofiex en las sociedades en las que participa y que han terminado cerrando, es más que manifiestamente mejorable. En los casos de Lusográfica y en los de Monprint, dos proyectos unidos por el mismo sector de actividad y también por el modus operandi de sus propietarios y por las ayudas en suelo y en dinero recibidas desde los ayuntamiento de Olivenza y Plasencia y desde la Junta de Extremadura, la reacción del Gobierno regional no ha ido más allá de hacer manifestaciones de buena voluntad; de anunciar gestiones para que otros empresarios se hagan cargo de la empresa --gestiones que han terminado en nada--; o hacerse cargo de las nóminas de los trabajadores de Monprint, como si Sofiex fuera el socio mayoritario y recayera sobre ella la principal responsabilidad de solucionar el problema. Pero tanto Lerner como Pantone se han ido de rositas.

Mucho antes que este gesto de pagar las nóminas, que es el de atender una situación desesperada, Sofiex debería haber vigilado, en primer lugar, a quién le daba dinero y, en segundo, qué estaba haciendo la empresa de artes gráficas con el 45% del capital propiedad del grupo público. La obligación de la Sociedad de Fomento es ayudar con sus inversiones a la creación de empresas, pero también, dado que se sienta en sus consejos de administración, vigilar al milímetro cómo se emplea esa inversión. Y por lo acontecido en Lusográfica y en Monprint, Sofiex no ha cumplido con esa obligación, por lo cual sus responsables merecen la reprobación.

Ahora se anuncia que se van a unificar Sofiex y Fomento de Emprendedores y Mercados, y que exigirá a las empresas en las que participe el reconocimiento de que las decisiones que tome el socio público deberán ser vinculantes para ellas. Este cambio será papel mojado si no se modifica la actitud de los representantes de esa empresa pública en los consejos de administración de las participadas. Porque de lo visto hasta ahora se deduce que no se enteraban de nada hasta que ya no había más remedio.