El Juzgado de lo Penal de Don Benito ha condenado a dos años de prisión y a cuatro de inhabilitación para ejercer el derecho de caza a Manuel Domínguez, dueño del coto Los Rosales, de Monterrubio de la Serena, que organizó la caza de un tigre en su finca. La sentencia también condena a dos cazadores, Tomás de la Flor Martín y David Jiménez Ortega, a 18 meses de prisión y a 10 meses a dos empleados de la finca. Se les condena por el delito de cazar especies en peligro de extinción.

A juzgar por el contenido de la sentencia, no ha sido un caso fácil de probar (incluso no se ha podido determinar cuál de los dos cazadores condenados disparó contra el tigre que ha permitido establecer la existencia del citado delito), y aunque existen indicios para poder pensar que en la citada finca se organizaron más cacerías, y que los animales salvajes que allí había cuando los miembros del Seprona entraron en ella iban a correr la misma suerte que el tigre abatido, el Estado de Derecho exige pruebas inequívocas para destruir la presunción de inocencia a que tiene derecho todo ciudadano.

Los efectivos del Seprona que hicieron la investigación tal vez se sientan desalentados, pero a ellos también les cabe el consuelo de que la sentencia es un avance en la lucha contra la barbarie y a favor de la protección de las especies en peligro. Dos años de prisión es un reproche importante, aunque el condenado, si es que la sentencia se convierte en firme, no ingrese en la cárcel porque no tiene antecedentes penales. Y quién sabe, tal vez sirva para que no haya más "casos Monterrubio".