El Gobierno catalán ha anunciado una auditoría sobre los Mossos, la mayor nunca realizada, tras la actuación de la policía autonómica en los violentos disturbios ocurridos en Barcelona y otras ciudades de Cataluña en respuesta a la sentencia sobre el ‘procés’. Esta auditoría evaluará los medios humanos y materiales necesarios para hacer frente a los altercados, la toma de decisiones y la transmisión de órdenes, y la revisión de actuaciones de «mala praxis» de los agentes en los disturbios. Pese al envoltorio con que se presenta la auditoría, será muy difícil que no se piense que la investigación obedece a la exigencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de depurar responsabilidades en los Mossos. Desde el primer día de disturbios, Torra ha criticado la acción polical mientras se resistía a condenar las actuaciones protagonizadas por jóvenes violentos y las atribuía, en su primera y tardía intervención pública, a «infiltrados». Aún ahora las decenas de detenidos son presentados por los políticos y entidades independentistas como nuevos «presos políticos». Las primeras investigaciones se refieren a una quincena de actuaciones de los Mossos, entre ellas un atropello, un coche policial que no se detuvo pese a que había manifestantes encaramados en el capó. Hoy y siempre, las malas acciones que puedan cometer los Mossos deben ser invesitgadas y, si procede, sancionadas. Pero si se quiere preservar el prestigio del cuerpo es necesario que el ‘president’ y otros líderes independentistas no lo desprestigien.
