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Editorial

Los Mossos, en el juicio del ‘procés’

 

Ante las críticas por la actuación dubitativa de la fiscalía, que parecía no haberse aprendido el papel, en los primeros días del juicio al ‘procés’, fuentes del ministerio fiscal se remitieron a la fase testifical como decisiva para apoyar sus acusaciones. Esa fase empezó con las declaraciones de altos cargos políticos, que aportaron poco. Ha sido después, al declarar cargos medios, cuando ha empezado a conocerse lo que sucedió antes del 1-O y ese mismo día. Fue muy desfavorable para la actuación de los Mossos la comparecencia del secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, y lo ha sido aún más la del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo de seguridad cara al referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. El delegado del Gobierno, Enric Millo, coincidió con el relato y se adentró incluso en terrenos políticos, al subrayar las discrepancias entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Según los testimonios requeridos por la fiscalía, está clara la desobediencia a la orden judicial de impedir el referéndum, sobre todo por una diferente interpretación del auto, porque una de las partes, la Generalitat, primaba el mantenimiento de la convivencia ciudadana, y la otra, los representantes del Gobierno central, consideraba que la prioridad era impedir el referéndum. Esa discrepancia ya se constató en la junta de seguridad celebrada tres días antes del 1-O, que Millo calificó de «esperpéntica» y De los Cobos de «kafkiana». Las acusaciones contra los Mossos han ido desde «pasividad» hasta «nula colaboración», pasando por montar un dispositivo «ineficaz» destinado no a impedir la consulta, sino a facilitarla. La desobediencia también parece acreditada en el Parlamento catalán, donde únicamente Roger Torrent ha defendido la actuación de Carme Forcadell, a la que han dejado sola dos compañeros de Mesa, letrado mayor y secretario general.

Nieto, Millo y De los Cobos han hablado de acoso, hostigamiento y violencia de ciudadanos contra las fuerzas de seguridad mientras defendían como «proporcionadas» las cargas policiales, incluso sin admitir ese nombre. Pero hasta el momento, aparte de la falta de reconocimiento de los daños causados a los votantes, el alzamiento violento o multitudinario que exigen los delitos de rebelión y sedición no parecen desprenderse de los testimonios. Pero la batalla judicial no ha hecho más que empezar.

 
 
2 Comentarios
02

Por jordi motlló 15:16 - 07.03.2019

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Muy fácil vistacorta, porque en las grabaciones de la Guardia Civil y de la Policia Nacional queda constancia de la agresividad aplicada por ellos sin constatar ninguna por parte de la población civil.

01

Por vistacorta 11:07 - 07.03.2019

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Es lógico que los testigos que presenta la fiscalía, hacen que cambien la imagen del proceso, lo que no entiendo es el porque no se han adjuntado en el sumario las grabaciones realizadas por la GC y policía para reforzar parte de sus argumentos.