WEwl conflicto que enfrenta desde hace un año a un grupo de hosteleros y el Ayuntamiento de Cáceres parece no tener fin y las partes parecen más distantes tras un proceso de judicialización que ha llevado al mismo alcalde, José María Saponi , a declarar ante el juez como imputado por las presuntas irregularidades cometidas a raíz de la cesión del recinto hípico a un grupo de empresarios durante el pasado verano.
Tras esta primera demanda y después de conocerse la alegación interpuesta recientemente por un grupo de industriales para la recalificación del suelo del ferial, otros hosteleros anuncian la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la decisión municipal de cerrar un establecimiento durante un año. El ayuntamiento, que en materia de control de horarios nocturnos y de ruidos se ha ganado el beneplácito del colectivo vecinal, tiene ante sí la difícil papeleta de desmadejar un asunto que, lejos de solucionarse, tiende a complicarse cada día más. Los conflictos de la movida cacereña parecen condenados a dirimirse en los tribunales y aún no existe una salida satisfactoria a pocos meses de que se repita el mismo escenario que provocó el conflicto.
