Presidente MPDLde Extremadura
La muerte de Ana Isabel Sánchez Torralba, calificada por las autoridades de Guinea Ecuatorial como de lamentable accidente, pone de relieve una vez más el riesgo que corren los cooperantes para realizar sus tareas humanitarias. Pero también deja al descubierto la falta de interés de las autoridades españolas a la hora de luchar por la defensa de los Derechos Humanos en este país, en el que la población civil sufre la opresión de la dictadura del presidente Teodoro Obiang.
La cooperante española murió el pasado martes por la noche a causa de los disparos efectuados en un control de carreteras cuando se dirigía a una aldea a dar clases a niños.
La ayuda al desarrollo debe condicionarse a avances en la práctica de los Derechos Humanos por encima de intereses comerciales y a que se garantice la seguridad de los cooperantes. En muchas zonas del mundo el concepto de seguridad se ve mermado por una situación de conflicto, de falta de estructuras democráticas, de corrupción o de pobreza que azota a muchos países en vía de desarrollo, pero también es cierto que nuestro gobierno tiene la obligación de esforzarse, en averiguar las causas de muertes violentas de todos los españoles, y en favorecer unas condiciones mínimas de seguridad más allá de nuestras fronteras, en los países receptores de la ayuda española.
Es lamentable que el Ministerio de Asuntos Exteriores recomiende a las organizaciones no gubernamentales extremar medidas de autoprotección en Irak aludiendo a que la Autoridad Provisional no se compromete a garantizar la seguridad de los cooperantes, y que se olvide del Derecho Internacional que obliga a las fuerzas ocupantes de garantizar el orden y la seguridad en los territorios ocupados.
A menudo los gobiernos opresores consideran a los cooperantes testigos incómodos de la sistemática violación de los derechos fundamentales que ejercen sobre la población civil, en otras ocasiones los cooperantes sufren las consecuencias de unas fuerzas del orden acostumbradas a la brutalidad y al asesinato y que están alimentadas por esos gobiernos. Pero siempre, los cooperantes realizan actuaciones que permiten salvar a millones de personas cada año y mejorar las condiciones de vida de la población civil en los países en vía de desarrollo.
Por ello los cooperantes españoles merecen un enorme respeto, tanto por parte de los gobiernos de los países receptores como por parte de nuestro gobierno. Ambos deben articular mayores medidas que faciliten la realización de los trabajos en el ámbito de la cooperación al desarrollo y de la ayuda humanitaria. Un primer paso sería agilizar la regulación del estatuto del cooperante.
