Un estudio del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de Comisiones Obreras, del que se hizo eco ayer este periódico, pone de manifiesto que en Extremadura se producen cada año alrededor de 400 muertes por causas relacionadas directamente con el ambiente laboral. Una cifra preocupante: es cuatro veces mayor que las muertes producidas por el tráfico. Y, sin embargo son muertes silenciosas, puesto que el origen de las causas que la produjeron quedan en el limbo: no se declaran, no se conocen, se ignoran. Quedan así en una tierra de nadie que impide investigarlas, ocuparse de ellas, prevenirlas y, si es el caso, perseguir a los responsables de ellas; de cualquier modo, hacerles frente para que no vuelvan a ocurrir.
De la información se desprende que queda mucho por hacer: que ha habido una legislación obsoleta que ha hecho posible esa ´clandestinidad´ no deseada en la que se producen estas muertes y las enfermedades laborales que no tienen un desenlace fatal pero que arrastran el precio de la pérdida de la salud, de la incapacidad o de la baja laboral; que la actual legislación es reciente --entró en vigor el primero de año-- y que todavía le queda camino para implantarse y, sobre todo, queda implicar mucho más al sistema sanitario, particularmente a los médicos de Atención Primaria que, tal vez por falta de formación en salud laboral, no relacionan siempre que cabe relacionar una patología sufrida por un paciente con las circunstancias en que desarrolla su trabajo. Habrá también que perseguir a las industrias que ponen en peligro la salud de sus trabajadores, pero con ser importante la persecución de las conductas irregulares, lo es más que los médicos y los propios trabajadores sepan por qué enferman.
