El pasado día 15 celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural; Día que un grupo de organizaciones internacionales decidieron instaurar en 1995, durante la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Pekín. Con esa iniciativa se trataba de destacar, básicamente, que las mujeres rurales, aun constituyendo en la mayor parte del mundo la primera fuerza de trabajo dentro de las comunidades a las que pertenecen, son las últimas en tener acceso a los recursos; su labor en las funciones domésticas, culturales y productivas que desempeñan no adquiere el reconocimiento ni valoración social que merecen y, por último, tampoco tienen derecho a la propiedad de la tierra, a la toma de decisiones y a su desarrollo personal. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) las llama las "trabajadoras invisibles del mundo".

La Unión Europea, por su parte, en aplicación de las políticas de Desarrollo Rural, puso entonces en marcha la concesión de diversos fondos estructurales comunitarios (LEADER) basados en un planteamiento más justo, igualitario y participativo y aplicables a las regiones europeas que, como la nuestra, mantienen una baja densidad de población.

XEN ESPAÑAx, la aprobación por parte del Gobierno en 2007 de la Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural --cuyo objetivo es lograr el mantenimiento de la población rural y la mejora de sus condiciones de vida y rentas--, nos permite establecer políticas de carácter transversal en el medio rural en materias como educación, cultura, sanidad, vivienda, transporte y comunicación entre territorios para favorecer su desarrollo sostenible, fortaleciendo su cohesión territorial, económica y social. En esta misma línea puede interpretarse la aprobación el pasado mes de marzo de un Real Decreto para fomentar la cotitularidad de la mujer en la explotación agraria y recompensar económica y socialmente su papel. En este escenario tienen un perfecto ajuste leyes como la de Dependencia o la de Igualdad que, tomando muy en consideración a las mujeres rurales, son aplicadas a toda la ciudadanía por igual con independencia del lugar donde residan.

Por nuestra parte y en este mismo sentido, el III Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Extremadura (2006-2009) dedica importantes medidas a compensar los desequilibrios existentes entre mujeres y hombres en el medio rural; pero lo hace, además, poniendo especial interés en la participación y atención a las mujeres jóvenes rurales. Por ello seguimos trabajando para dar mayor protagonismo a las mujeres rurales extremeñas revisando su actual y futura situación, potenciando la formación, visibilizando a las mujeres rurales, su movilidad y la situación de las llamadas "temporeras".

Pero aun tomando en consideración los trascendentales y presentes avances alcanzados mediante la aplicación de tan importantes medidas legales y destacando el muy notable esfuerzo de coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas para atender las necesidades y justas reivindicaciones de las mujeres rurales, es imprescindible hacer ver que la consecución de estos logros exige, en nuestro caso, el compromiso de todas las gentes de Extremadura pero, muy especialmente, de la confianza de las mujeres rurales en que los importantes derechos que se han generado son sólo el impulso que debe seguir alimentando su creciente protagonismo en nuestra sociedad.