Israel ha aprovechado el espantoso atentado suicida de ayer en Jerusalén para aducir que el muro de separación de Cisjordania es imprescindible para impedir los actos terroristas contra los israelís y, en consecuencia, para salvar vidas. Su tesis se resume en que evitar asesinatos es un objetivo que ha de estar por encima de cualesquiera perjuicios que la barrera suponga para la población palestina. Ese argumento menosprecia los principios del derecho internacional y de la justicia universal que establecen la iniquidad de las represalias indiscriminadas contra civiles indefensos, sea en respuesta a acciones armadas o con el fin de impedirlas.
Ese fundamento jurídico y democrático es el que ilegitima la política del Gobierno de Ariel Sharon, quien ha tratado de contener a los grupos radicales palestinos descargando toda la potencia de su Ejército --sea con los asesinatos selectivos desde helicópteros, en los que han muerto demasiadas mujeres y niños, sea con la demolición de viviendas de familiares de los activistas palestinos--, sin sopesar que agrava el dolor y la miseria de todo un pueblo. Las medidas de fuerza que causan sufrimientos a todos los ciudadanos sólo engendran más odio y más extremismo. Y eso es lo que consigue el muro.
