WLwa ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona , dijo ayer en el Senado que sería "una irresponsabilidad" pronunciarse en torno a la refinería que el Grupo Gallardo prevé instalar en Tierra de Barros sin conocer los informes sobre el impacto ambiental de la planta. Lo que dijo la ministra, y que apoyó con buen criterio el senador y presidente del PP en la región Carlos Floriano , es de sentido común. Estamos en un estado de Derecho y nada se puede acometer sin ajustarse a la ley. Eso fue lo que vino a decir la ministra. Las autoridades regionales también han señalado que la refinería no se hará si resulta perjudicial para Extremadura. Y la propia empresa ha asegurado que si un estudio universitario concluye que el emplazamiento no es idóneo lo cambiará. Hay, pues, coincidencia en los mensajes. Sin embargo, parecería que la ministra ha dicho algo novedoso. El mero hecho de que exista esa sensación tal vez obligue a preguntarse si este asunto de la refinería no se está llevando --también desde los medios de comunicación-- demasiado apasionadamente, cuando lo que habría que hacer es confiar en el Estado. Las leyes nos protegen. A todos: a los promotores de la planta, a los agricultores, al medio ambiente. Confiemos en ellas.
