Tres narcotraficantes en libertad bajo fianza tuvieron tiempo de huir días antes de que los jueces de la Audiencia Nacional les condenaran a penas de entre 10 y 17 años de cárcel por haber intentado en 1991 introducir dos toneladas de cocaína a través de las costas gallegas. Dispusieron de los suficientes indicios para no esperar a oír la sentencia, que se ha aplicado al cabecilla, el cacereño Pablo Vioque, porque ya estaba en prisión. El Consejo General del Poder Judicial asegura que los magistrados del caso han actuado correctamente. Es una reacción parecida a la que este mismo órgano tuvo ante un escándalo similar, cuando en el año 2001 Carlos Ruiz, El Negro, desapareció antes de ser juzgado. Se investigó la aparente connivencia de los jueces, pero se archivó. Los narcos cuentan con unos medios desproporcionados para evitar su detención y asegurar su defensa, frente a la precariedad material de policías y jueces. Para estos delincuentes, que se enfrentan a elevadas penas, son insuficientes las medidas habituales para prevenir huidas. Como las fianzas, que para sus posibilidades económicas reales no suponen nada. Es hora de cambiar la forma de ejecutar las sentencias sobre este colectivo privilegiado.
