La noticia política de la semana es el acuerdo alcanzado el jueves entre Gobierno y Unidos Podemos sobre contenidos en los Presupuestos estatales 2019, a los que se añaden medidas extrapresupuestarias que hacen del pacto casi un programa de gobierno en el que solo faltaría la participación del partido de Pablo Iglesias en el Ejecutivo; unos compromisos que van mucho más allá en el tiempo del fin probable de la legislatura estatal, allá por el otoño de 2019, ya que se prevén medidas con calendario gradual que llega hasta el 2021.
La firma en la Moncloa de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias establece una división clara en la política española entre izquierdas y derechas, y viene a romper en cierta manera el monólogo sobre el problema del encaje de Cataluña, un territorio que se podría ver directamente afectado por esta delimitación de partidos que piensan en los problemas de las personas, frente a otros únicamente movilizados en torno a la bandera y los símbolos nacionales diferenciadores, incluida la necesidad de una República catalana frente a la Monarquía española.
El mismo día que se firmaba en Madrid ese acuerdo, en torno al cual se librará la batalla política en España durante los próximos tiempos, la traducción extremeña de esas dos formaciones acordaban en Mérida, en la Asamblea de Extremadura, revisar la renta básica para elevar su importe y ampliar el campo de beneficiarios en una Comunidad con pulso económico débil.
En cierto modo Fernández Vara (Junta) y Álvaro Jaén (Podemos), por medio de la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, y la diputada de Podemos Jara Romero, se anticiparon modestamente hace algo menos de un año con un pacto para aprobar los actuales Presupuestos autonómicos 2018, y que incluía como uno de sus 25 puntos precisamente reformar la renta básica mediante una nueva Ley de Renta Garantizada.
Ha llegado a la Asamblea como proposición de ley de Podemos, tras acordar Vara y Jaén que no habría más vetos a la discusión de leyes, y ha superado gracias a socialistas y morados la enmienda de totalidad opuesta por Partido Popular. Es un texto que llega sin memoria económica, o al menos no se ha publicado, y que pretende elevar la renta básica de los 426 euros actuales a los 547 el año que viene, y gradualmente a los 684 en 2021; en realidad las cuantías no las fija la ley sino los reglamentos posteriores, y en cuanto al contenido del texto inicial el PSOE ya ha advertido que hay que modificarlo sustancialmente.
Todo experto en política afirma que en los últimos meses de legislatura ni se debe, ni realmente se puede, pactar gran cosa entre los partidos. En esa parte final previa a las elecciones cada formación necesita identidad, precisa marcar líneas de territorio para llegar al día de la votación con una papeleta limpia y nítida, propia y original, y sobre todo las pequeñas formaciones procuran evitar un efecto succión por parte de las grandes, así como las dos protagonistas del bipartidismo que no cesa, PSOE y PP, quieren aparecer como claramente enfrentadas.
Mientras Pedro Sánchez ha sellado en Madrid con Pablo Iglesias un bloque de partida de 151 votos para intentar sacar adelante unos Presupuestos 2019 de izquierda y rompedores (y necesita por tanto a Esquerra, PdCat, PNV y Compromís), se desconocen las intenciones de Fernández Vara para su cuartas y últimas cuentas anuales una vez cuajadas las dos primeras con el PP y la actual con Podemos. La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha dicho que esta próxima semana habría las primeras pistas, quizá era necesario que se sellara ese primer buen paso Junta-Podemos de la renta garantizada.
Pero mientras Sánchez en Madrid ha configurado, quizá sin buscarlo, un a modo de bloque de izquierda y nacionalista derivado de su moción de censura, en Extremadura el electorado del PSOE de Fernández Vara es más amplio y ocupa buena parte del centro, ese que a escala nacional PP y Ciudadanos están dejando algo huérfano y que es el que da las mayorías.
