WEwn octubre del 2001, Javier Picatoste y Manuel Brito , que cumplían condena en la prisión de Lleida, huyeron juntos tras herir a un policía autonómico en prácticas, que quedó parapléjico. Tres semanas después fueron capturados en Collserola, donde presuntamente asesinaron a un joven y violaron a su novia. Durante el juicio que se desarrolla estos días ha impresionado la frialdad de los delincuentes al reconocer algunas de sus fechorías. También son inquietantes los datos aportados por los procesados sobre la negligencia de la Administración penitenciaria con el anterior gobierno regional. Picatoste no regresó de un permiso concedido de manera anómala. Y aunque se sabía de su relación con Brito, no se registró la celda común, donde había documentación sobre el plan de fuga, ni se controlaron las llamadas telefónicas del que aún estaba preso, que además logró ser trasladado al hospital simulando una lesión que nadie comprobó. Si todos estos errores, como parece, quedan confirmados, el Ejecutivo autónomo deberá asumir su responsabilidad. No sólo tendrá que indemnizar a las víctimas, sino que también deberá demostrar que se ha hecho lo necesario para que cuatro años después no sea posible otra desgracia similar.