Dos semanas después del inicio en Washington de la ronda preparatoria, las nuevas negociaciones entre Israel y Palestina propiamente dichas empiezan hoy en Jerusalén. La puesta en libertad ayer de 26 presos palestinos por las autoridades israelís es la primera fase de la liberación de un total de 104 condenados por ataques antiisraelís ocurridos antes del año 1993, fecha de los fracasados acuerdos de Oslo.

Es decir, se trata de presos con largas condenas a la espalda, muchos de los cuales ya tenían relativamente cerca su liberación. El Gobierno de Binyamin Netanyahu ha presentado la excarcelación como una prueba de buena voluntad que permita a ambas partes sentarse en la mesa de negociación. Pero la decisión constituye solo una cara de la moneda. En la otra está el anuncio de que Tel-Aviv va a construir 1.200 nuevas viviendas en las colonias israelís en territorio ocupado.

Bajo la ley internacional, los asentamientos israelís en territorio palestino son ilegales, pero el Gobierno hebreo se niega a aceptarlo. Desde que Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén oriental como consecuencia de la guerra de los Seis Días, en el año 1967, sus distintos gobiernos han seguido una política de asentamientos en los territorios ocupados.

Ahora mismo son más de medio millón los ciudadanos israelís que viven en un centenar de colonias que están en territorio palestino, muchas de ellas próximas a las orillas del Jordán y sus recursos acuíferos, formando un mapa de imposible continuidad del territorio para un Estado palestino viable.

La anterior iniciativa de paz, en el 2010, acabó en nada cuando Israel se negó a ampliar una moratoria sobre la construcción de nuevos asentamientos. El último anuncio de ampliación de las colonias responde a la necesidad de Netanyahu de sobrevivir en el poder, lo que solo le garantizan los doce votos de la ultraderecha del partido Hogar Judío, opuesto a toda negociación con Palestina.

Lentamente, Israel va imponiendo su voluntad con la ayuda de la gran debilidad política actual de las autoridades palestinas. En esta ocasión han condenado la construcción de las nuevas viviendas pero se han abstenido de amenazar con abandonar las negociaciones. Sin embargo, negociar una solución cuando una de las partes está tan debilitada no augura ninguna salida equitativa ni duradera.