WEw l proyecto de modificación de la negociación colectiva que ayer aprobó el Consejo de Ministros deja la sensación de que, al final de meses de tiras y aflojas entre patronal y sindicatos, la montaña ha parido un ratón. Dicho de otra forma: tan cierto es que el Gobierno no ha hecho feliz a nadie con la propuesta que ha presentado como que ni la patronal ni los sindicatos han estado a la altura de las circunstancias en un asunto de suma importancia para la recuperación de la economía. Más bien han sido incapaces de dar con un punto de equilibrio, tras llegar a un principio de acuerdo desautorizado por el ala dura de la patronal, y han dejado la patata caliente al Gobierno, que ha defraudado las expectativas con una reforma que los entendidos coinciden en considerar inútil y que el propio Ejecutivo considera interina, puesto que está dispuesto a introducir los cambios que, a posteriori, fueran capaces de acordar las centrales y los empresarios.

La modificación gubernamental de la negociación colectiva recoge algunas de las sugerencias recibidas de los sindicatos y de los empresarios. De estos últimos asume la doble pretensión de dar prioridad a los convenios de empresa por encima de los sectoriales y los territoriales, permite que un 5% del cómputo anual de horas trabajadas pueda distribuirse de forma flexible (la CEOE quería que fuese el 20%) y, sobre todo, que las empresas podrán despedir por pérdidas transitorias, cuando la pasada reforma laboral introdujo que esas pérdidas deberían estar justificadas como permanentes. De UGT y CCOO acepta la prórroga automática de los convenios vencidos y el fomento del arbitraje voluntario en las negociaciones bloqueadas (los sindicatos lo querían obligatorio).

Si el propósito del Gobierno con esta reforma era que no hubiera ni vencedores ni vencidos, ha errado el tiro, porque el proyecto queda lejos de contentar a alguien y, con toda seguridad, disgusta a todo el mundo. Con ser esto importante, lo es aún más que el Gobierno se comprometió a legislar, si los agentes sociales no llegaban a un acuerdo, por exigencias de la UE para despertar de su letargo al mercado laboral. Es poco probable que, más allá de las declaraciones oficiales, Bruselas se dé por satisfecha.

El resumen de la situación es que los sindicatos temen dar pasos que debiliten los derechos laborales, y para ellos hay aspectos esenciales de esta reforma que abocan a ello, y los empresarios se muestran decididos a mantener la presión después del triunfo conservador en las elecciones del 22-M. Todo aplastantemente lógico, desde el punto de vista de la política, si no fuera por el hecho de que, con las tasas de paro por las nubes y la inversión por los suelos, solo una reforma en serio del mercado laboral puede crear empleo y levantar el vuelo de la economía.