El caso del diputado extremeño <b>Juan Antonio Morales </b>y de los alcaldes de Guadiana del Caudillo (Badajoz) y Alberche del Caudillo (Toledo), cargos del Partido Popular premiados por la Fundación Francisco Franco por incumplir la llamada Ley de la Memoria Histórica, es un ejemplo más de que el franquismo no terminó con Franco.
Pero no es un ejemplo cualquiera, porque se está recompensando a tres políticos elegidos democráticamente por incumplir y hacer incumplir la ley, lo contrario a lo que les obliga la Constitución. Curiosamente, los fanáticos que enarbolan la Carta Magna para evitar que se toque una sola coma, no han clamado al cielo para castigarles ejemplarmente.
El franquismo no fue cualquier cosa. Fue un régimen criminal erigido sobre la represión y el terror, que no dejó de matar desde la Guerra Civil, en el frente y en la retaguardia, hasta sus estertores. La Transición se cimentó sobre la Ley de Amnistía de 1977, que tenía el supuesto efecto benefactor de reconciliar a las dos Españas, pero que adquirió un peso simbólico perverso: crear un imaginario colectivo en el que los delitos de ambos bandos eran equivalentes.
La realidad es que los miembros del bando ganador fueron homenajeados y premiados con buenos futuros profesionales; sus familias heredaron todas las posiciones de influencia (política, judicial, militar, eclesiástica); y todo el poder económico —en parte procedente del expolio de las familias republicanas— acabó en sus manos. Mientras, esas familias republicanas estaban rotas por el exilio, empobrecidas por las incautaciones, temerosas por la represión, condenadas a la precariedad por la inhabilitación laboral y destrozadas emocional y moralmente por no poder llorar a sus muertos desaparecidos en fosas comunes; su desgracia ha sido la desgracia de varias generaciones, y lo sigue siendo hoy.
La Ley de Amnistía no fue una ley de reconciliación, sino una ley del perdón para los fascistas. De hecho, la ONU solicitó formalmente en 2012 al Gobierno de Mariano Rajoy su derogación, lo que jurídicamente resulta muy complicado, porque la Constitución está diseñada para que sea una ley casi intocable. Entendámonos: Alemania celebró los Juicios de Núremberg para castigar a los nazis vivos, y aquí hicimos una Ley de Amnistía para que los franquistas vivos nos gobernaran.
Cuando el Gobierno del PSOE presidido por Zapatero promulgó en 2007 la Ley de la Memoria Histórica se produjo un tímido barniz de esa injusticia que, en el fondo, no fue sino un refrendo de la Ley de Amnistía y un falso caramelo para los represaliados republicanos.
De hecho, diez años después, son pocos los trabajos de exhumación de fosas comunes, paupérrima la dotación económica para el desarrollo de la ley, y se permite que existan fundaciones de exaltación del franquismo que premian a políticos por incumplir esa misma Ley de la Memoria Histórica. La mejor prueba de que esa ley de Zapatero no serviría de nada sustancial es que Baltasar Garzón abrió en 2008 una causa para perseguir los crímenes del franquismo, alabada internacionalmente, pero que le sirvió para ser perseguido y finalmente inhabilitado como juez en 2012.
La vergüenza mayúscula es que el pasado 20 de diciembre el PSOE se sumó al PP y a Ciudadanos para impedir una modificación de la Ley de Amnistía propuesta por Podemos —en la línea de la exigencia de la ONU— para excluir de la misma a los torturadores franquistas. Es como la última carcajada del dictador desde la tumba: cuarenta años después mi sombra seguirá sobre vosotros, y esta vez amparada por los dirigentes del partido a cuyos militantes asesiné.
Franco vive y tiene buena salud en el corazón de la sociedad española. Su herencia anidó en la democracia. En España quizá no hay un partido de ultraderecha porque muchos de sus potenciales partidarios se sienten representados por el partido fundado por un ex ministro de Franco. Mientras el franquismo, los franquistas y su herencia de toda índole no estén condenados socialmente, excluidos de las instituciones y desaparecidos de la vida pública, la democracia española no pasará de ser una imitación mejorada de cualquier república bananera que se nos ocurra.
* Licenciado en Ciencias de la Información
