La reciente noticia del Gobierno en relación con el consumo de agua de los ciudadanos, es en principio positiva y la recibimos con esperanza, pero nos asaltan algunas dudas importantes; por ejemplo:
¿Se castigará con impuestos en la misma proporción a las empresas? Porque puestos a derrochar agua, los que lo hacen desmesuradamente son muchas de ellas. Por ejemplo los campos de golf. ¿Desde cuándo tenemos tal afición a este deporte en España, para que a todas las inmobiliarias les haya dado por utilizarlos como reclamo?
Lo que más nos asusta es que esta política sólo sea demagogia; nos asusta la incoherencia del Gobierno de la nación, como la que nos tememos que va a suceder entre las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir. Aunque aún no es del todo definitivo, se está en trámite de conceder a una multinacional minera, de capital norteamericano, el permiso para un trasvase entre ambas cuencas (por cierto, no incluido en ningún plan hidrológico), sólo para satisfacer las necesidades de la Mina de Aguablanca (Monesterio, Badajoz).
El temor está muy fundado, ya que, este año de sequía, en que los habitantes de Monesterio han renunciado a disfrutar de su piscina municipal; este año, aún sin tener la concesión de aguas, ha sido construida casi completamente la conducción para dicho trasvase. Esta multinacional que funciona por la vía de los hechos consumados con la aparente connivencia de autoridades locales, autonómicas y nacionales, intenta saltarse de nuevo (como ya lo hizo durante dos años sin esperar a la licencia de obras municipal), sin escrúpulo alguno, nuestra normativa legal. Esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente sea coherente, y, en este caso, contundente y vele más por las necesidades de los ciudadanos que por las de unos pocos inversores extranjeros.
Pablo Ramos Duro **
Coordinador de Ecologistasen Acción de Extremadura
