WLwa operación contra la caza ilegal y el maltrato a animales de especies protegidas, desarticulada por la Guardia Civil cerca de Monterrubio de la Serena, y que ha acabado, por ahora, con la detención de siete personas y la incautación de un tigre y un león vivos, además de un tigre sacrificado y, al menos, dos esqueletos de lobos a los que habían decapitado, pone al descubierto el lado más infame del comportamiento de algunas personas que enmascaran su bárbaro ejercicio en algo a lo que algunos atribuyen el nombre de caza. Por ello, además de defender a los 85.000 cazadores extremeños y a los empresarios cinegéticos, que mantienen una actividad que genera una facturación de 180 millones de euros al año y que crea 12.000 empleos estables y 125.000 jornales; y de confiar en que la autoridad judicial castigará a los culpables con todo el peso de la ley, es necesario dejar claro que lo que se ha hecho en esa granja cinegética --una explotación que ni siquiera estaba autorizada para que en ella se tirara un tiro a una perdiz, mucho menos a un tigre o a unos lobos-- nada tiene que ver con la caza, sino con las ejecuciones sumarias. Hacer salir a un animal enjaulado para que, en la misma puerta de la jaula, se le abata convierte al animal en un ajusticiado, y a los de las escopetas, en un pelotón de fusilamiento.
