La inexplicable medida del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los inmigrantes sin papeles que no tengan permiso de residencia ha derivado en una polémica sobre si la decisión es legal o no. La discusión es bizantina puesto que desde que se anunció la norma diversas instancias se han pronunciado ya sobre la ilegalidad de esa exigencia. Desde el el Gobierno catalán hasta el ministro de Trabajo e Inmigración, en cuyo departamento se elaboró la ley de extranjería a la que el Ayuntamiento de Vic dice que se acoge, pasando por el Colegio de Abogados de Barcelona. Como otros expertos que han opinado, los abogados sostienen que la polémica norma viola no solo la ley de extranjería, sino otras dos, la de bases de régimen local y la de protección de datos.
La polémica legal solo es una manera de desviar el tema, que es político. ¿Qué más informes jurídicos necesita Vic para convencerse de que se viola la ley? El objetivo político es, pretendidamente, parar el ascenso de la xenófoba Plataforma per Catalunya. Una aspiración bienintencionada, pero ¿se puede detener a los xenófobos utilizando sus mismos métodos?
